La Justicia y la policía de Nicaragua iniciaron detenciones y operativos contra personas que celebraron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos. Las medidas, activadas en distintas provincias y en Managua, incluyen arrestos, vigilancia reforzada y órdenes a empleados públicos para manifestar apoyo al chavismo, lo que reconfigura el clima político interno a días del aniversario del régimen.

La reacción oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue inicialmente cautelosa, con un comunicado emitido horas después de la detención de Maduro y sin anuncios diplomáticos concretos. En paralelo, medios nicaragüenses y periodistas en el exilio reportaron instrucciones internas a trabajadores estatales para publicar mensajes de respaldo al exmandatario venezolano, bajo advertencias explícitas de que el silencio sería considerado deslealtad. Estas directivas se inscriben en un patrón de control del discurso público que el gobierno ha profundizado en los últimos años.

Según reportes periodísticos, al menos 15 personas fueron arrestadas en Chontales por manifestaciones en redes vinculadas a la captura de Maduro, y se registró la detención de un periodista por comentarios públicos sobre el hecho. Organizaciones y plataformas informativas denunciaron secuestros temporales y patrullajes conjuntos de fuerzas policiales y militares, además del despliegue de inteligencia y contrainteligencia en barrios e instituciones. La exigencia de adhesión pública afecta de manera directa a docentes, empleados municipales y funcionarios, que enfrentan sanciones administrativas y penales.

El refuerzo del control coincide con la convocatoria oficial a marchas por el 19° aniversario del gobierno Ortega-Murillo, previstas para el 10 de enero. En el corto plazo, se espera una continuidad de la vigilancia y de las presiones sobre la expresión en redes, mientras la evolución del proceso judicial de Maduro en Estados Unidos podría seguir influyendo en la política regional y en la respuesta de gobiernos aliados. Las decisiones del Ejecutivo nicaragüense en materia de seguridad interna serán clave para medir la estabilidad y el alcance de la actual ofensiva.

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