Las autoridades de Irán interrumpieron de forma deliberada el acceso a internet y a las comunicaciones telefónicas en amplias zonas del país, en medio de una ola de protestas nacionales que se intensificó esta semana, dejó decenas de muertos y miles de detenidos, y volvió a poner en cuestión la estabilidad del régimen político y religioso encabezado por el ayatolá Alí Khamenei.

El corte de conectividad fue confirmado por organismos de monitoreo digital como NetBlocks y por la empresa Cloudflare, que registraron una caída abrupta del tráfico de datos atribuida a interferencias estatales. La medida se inscribe en una práctica recurrente del régimen iraní frente a estallidos sociales: restringir las comunicaciones para dificultar la coordinación de las protestas y la difusión de imágenes de la represión.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el bazar de Teherán, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y el desplome histórico del rial. En pocos días se extendieron a al menos 25 de las 31 provincias y a más de un centenar de ciudades, con cierres de comercios, universidades movilizadas y protestas diarias. El escenario recuerda a las revueltas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, cuando el Estado respondió con una represión masiva y apagones prolongados de internet.

Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 45 manifestantes murieron desde el inicio de las protestas, entre ellos ocho menores, y más de 2.000 personas fueron detenidas. Las autoridades iraníes reconocen cifras menores y denuncian ataques contra fuerzas de seguridad. El miércoles fue señalado como el día más violento, con al menos 13 muertos en una sola jornada.

El apagón digital afecta de manera directa a millones de ciudadanos, limita la actividad económica y profundiza el aislamiento informativo del país. También complica la verificación independiente de lo que ocurre en las calles y eleva la preocupación de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos. En paralelo, sectores duros del régimen dejaron trascender la posibilidad de utilizar tecnologías de vigilancia, como drones, para identificar a los manifestantes.

El conflicto incorporó un nuevo factor político tras el llamado a movilizarse realizado desde el exilio por Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, un hecho inusual en un movimiento hasta ahora descentralizado y sin liderazgo visible. Analistas advierten, sin embargo, que la oposición sigue careciendo de una estructura organizada capaz de disputar el poder.

En el plano internacional, Estados Unidos incrementó la presión retórica y amplificó mensajes críticos hacia Teherán, mientras el gobierno iraní denunció injerencias externas. Con la economía en crisis, la moneda en mínimos históricos y las comunicaciones bloqueadas, el régimen enfrenta uno de los desafíos internos más complejos de los últimos años, en un contexto de alta incertidumbre sobre la duración y el desenlace de las protestas.

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