El anuncio de liberación de presos políticos realizado el jueves por el nuevo gobierno de transición de Venezuela abrió una expectativa inmediata entre familiares y organizaciones de derechos humanos, pero la falta de precisiones y el bajo número de excarcelaciones efectivas, registradas hasta la noche del viernes 9 de enero de 2026, profundizaron la incertidumbre frente a las cárceles donde permanecen detenidos opositores al poder.

La medida fue comunicada como parte de las primeras decisiones de la presidenta de transición Delcy Rodríguez, quien asumió tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. El gobierno informó la liberación de “un número importante” de detenidos por razones políticas, sin detallar cifras ni plazos.

Organizaciones no gubernamentales estimaron que, casi 30 horas después del anuncio, solo se concretaron entre ocho y 11 excarcelaciones, entre ellas las de los dirigentes opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, además de la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles que fueron trasladados a Madrid.

La brecha entre el anuncio oficial y los resultados visibles tuvo un impacto inmediato en los familiares, que se concentraron frente a centros de detención emblemáticos como la cárcel de Rodeo I, en Guatire, y El Helicoide, en Caracas. Allí, decenas de personas aguardaron durante horas sin confirmaciones formales sobre listas, órdenes judiciales o fechas concretas.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en Venezuela permanecen detenidas alrededor de 1.200 personas por causas vinculadas a la disidencia política, mientras que Foro Penal contabiliza 806 presos políticos, incluidos 175 militares. En numerosos casos, los familiares denuncian desconocer el paradero exacto o el estado de salud de los detenidos.

El anuncio también fue leído en clave internacional. La Casa Blanca sostuvo que el gesto del nuevo gobierno refleja la influencia de la administración de Donald Trump en el escenario posterior al cambio de poder en Caracas, aunque en el terreno el proceso avanza con lentitud y sin comunicación oficial sistemática.

En los próximos días se espera que el gobierno de transición defina un mecanismo claro de excarcelaciones, con listados verificables y coordinación judicial. Organismos de derechos humanos advierten que, sin información transparente, la expectativa puede transformarse en mayor tensión social. La continuidad del proceso será observada de cerca tanto por actores internos como por la comunidad internacional, que evalúa estas decisiones como un primer indicador del rumbo institucional del país tras la salida de Maduro.

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