Las declaraciones de Adriana Marín, encargada de
Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México, reactivaron una fuerte controversia política y social tras afirmar que
el narcotráfico no puede erradicarse fácilmente porque en muchas regiones
“genera empleo”, en un contexto marcado por la violencia criminal y el debate
sobre la estrategia de seguridad del Estado.
Los dichos de Marín se produjeron en noviembre de 2025
durante una mesa de debate juvenil, pero se viralizaron en los últimos días en
redes sociales, en medio de un clima político sensible por la cercanía del año
electoral y la discusión de reformas clave. La intervención ocurrió poco
después de una marcha convocada por sectores de la Generación Z para protestar
contra la inseguridad, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo,
un hecho que volvió a poner en primer plano el impacto del crimen organizado en
la vida pública mexicana.
En ese marco, Marín cuestionó la legitimidad de la
movilización y sostuvo que el combate al narcotráfico enfrenta límites
estructurales, no solo por factores externos como la demanda de drogas desde
Estados Unidos, sino también por la falta de alternativas laborales en amplias
zonas del país.
La funcionaria argumentó que los cárteles reclutan entre
160.000 y 180.000 personas por año y que necesitan incorporar unas 350 personas
por semana para reemplazar a detenidos o muertos, cifras que, según ella,
reflejan la dimensión social del fenómeno. Sus palabras generaron una oleada de
críticas en plataformas digitales, donde usuarios y analistas las interpretaron
como una forma de relativizar o justificar la actividad criminal.
Ante la repercusión, el Grupo Parlamentario de Morena
difundió un comunicado en el que se desligó de las expresiones, aclaró que
fueron realizadas a título personal y remarcó que no representan la posición
del bloque ni de sus integrantes. Al mismo tiempo, denunció que la asesora fue
blanco de acoso digital y amenazas, y pidió poner un límite a los ataques
personales.
El episodio expone una tensión persistente en el debate
público mexicano: cómo abordar el narcotráfico no solo desde la lógica de la
seguridad, sino también desde sus raíces económicas y sociales, sin legitimar
la violencia ni el crimen organizado. En lo inmediato, no se esperan sanciones
formales contra Marín, pero el caso podría incidir en la discusión interna de
Morena sobre su discurso en materia de seguridad y empleo, así como en la
agenda legislativa de cara a un año electoral atravesado por la preocupación
ciudadana por la violencia.
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