El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “estupidez” la resolución aprobada por el Senado que apunta a restringir la capacidad del Ejecutivo para autorizar eventuales acciones militares en Venezuela sin el aval previo del Congreso, al considerar que la iniciativa afecta la seguridad nacional y vulnera sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

La resolución fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra, con el respaldo de cinco senadores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata. El texto se apoya en la Ley de Poderes de Guerra y busca reafirmar el rol del Congreso en la autorización de intervenciones armadas en el exterior. El debate se reactivó tras recientes operaciones estadounidenses en el Caribe y, en particular, luego de una acción militar vinculada a Venezuela que no habría sido informada previamente al Poder Legislativo.

Trump cuestionó tanto el contenido de la resolución como su fundamento legal. Reiteró que la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y sostuvo que limita indebidamente la autoridad presidencial prevista en el Artículo II de la Constitución. En ese marco, acusó a los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young de poner en riesgo la capacidad de autodefensa del país.

Aunque la votación representa un revés político para la Casa Blanca, la medida no tiene efectos inmediatos. Para convertirse en ley, debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y luego promulgada por el presidente. Trump ya anticipó que ejercerá su poder de veto si el proyecto avanza, lo que obligaría al Congreso a reunir mayorías de dos tercios en ambas cámaras para revertirlo, un escenario hoy considerado improbable.

El episodio vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de política exterior y defensa, y expone divisiones dentro del propio Partido Republicano. También reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en operaciones militares que el gobierno encuadra como acciones de seguridad o de aplicación de la ley, especialmente tras la designación de cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

En el corto plazo, la discusión continuará en la Cámara de Representantes, donde iniciativas similares ya fueron bloqueadas en diciembre. Aun sin convertirse en ley, la resolución refuerza el control político del Congreso sobre la estrategia estadounidense hacia Venezuela y anticipa un escenario de mayor confrontación institucional si la Casa Blanca decide avanzar con nuevas acciones sin consenso legislativo.

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