La Justicia de Estados Unidos reveló un documento judicial que acusa a la embajada de Venezuela en México de haber facilitado vuelos privados vinculados al narcotráfico bajo protección diplomática, con conocimiento y coordinación directa del presidente Nicolás Maduro. El expediente, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que estas maniobras permitieron trasladar dinero y cargamentos de cocaína sin controles oficiales, lo que refuerza las acusaciones históricas de vínculos entre el poder político venezolano y organizaciones criminales transnacionales.

Según el escrito, los hechos investigados se remontan al período en que Maduro se desempeñaba como canciller venezolano, entre 2006 y 2008, y se insertan en una trama más amplia que, de acuerdo con la fiscalía estadounidense, se habría consolidado desde finales de los años noventa. El documento describe un esquema sistemático en el que se vendían pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y se utilizaban misiones oficiales como cobertura para vuelos privados. En ese marco, la embajada venezolana en México habría funcionado como un punto clave de coordinación logística, bajo el argumento formal de misiones diplomáticas previamente anunciadas.

La Justicia estadounidense sostiene que este mecanismo permitió el retorno a Venezuela de las ganancias obtenidas por la venta de cocaína, en alianza con organizaciones como Los Zetas —hoy Cártel del Noreste—, además de vínculos con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y otras redes criminales de alcance regional. El expediente menciona la presunta participación de altos funcionarios civiles y militares, y describe un entramado de corrupción que habría involucrado recursos estatales, fuerzas de seguridad y estructuras diplomáticas. De confirmarse judicialmente, estas acusaciones refuerzan el aislamiento internacional del gobierno venezolano y aportan nuevos elementos a las causas abiertas en Estados Unidos contra dirigentes del régimen.El avance del proceso judicial podría derivar en nuevas imputaciones, pedidos de cooperación internacional y mayores restricciones diplomáticas. También abre interrogantes sobre el rol de representaciones extranjeras y la utilización indebida de inmunidades diplomáticas. Para Washington, el caso puede servir como respaldo jurídico a su política de sanciones; para Caracas, implica un nuevo frente de presión externa con posibles efectos en sus relaciones con México y otros países de la región.

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