La Justicia de Estados Unidos reveló un documento judicial
que acusa a la embajada de Venezuela en México de haber facilitado vuelos
privados vinculados al narcotráfico bajo protección diplomática, con
conocimiento y coordinación directa del presidente Nicolás Maduro. El
expediente, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene
que estas maniobras permitieron trasladar dinero y cargamentos de cocaína sin
controles oficiales, lo que refuerza las acusaciones históricas de vínculos entre
el poder político venezolano y organizaciones criminales transnacionales.
Según el escrito, los hechos investigados se remontan al
período en que Maduro se desempeñaba como canciller venezolano, entre 2006 y
2008, y se insertan en una trama más amplia que, de acuerdo con la fiscalía
estadounidense, se habría consolidado desde finales de los años noventa. El
documento describe un esquema sistemático en el que se vendían pasaportes
diplomáticos a narcotraficantes y se utilizaban misiones oficiales como
cobertura para vuelos privados. En ese marco, la embajada venezolana en México
habría funcionado como un punto clave de coordinación logística, bajo el
argumento formal de misiones diplomáticas previamente anunciadas.
La Justicia estadounidense sostiene que este mecanismo
permitió el retorno a Venezuela de las ganancias obtenidas por la venta de
cocaína, en alianza con organizaciones como Los Zetas —hoy Cártel del Noreste—,
además de vínculos con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y otras redes
criminales de alcance regional. El expediente menciona la presunta
participación de altos funcionarios civiles y militares, y describe un
entramado de corrupción que habría involucrado recursos estatales, fuerzas de
seguridad y estructuras diplomáticas. De confirmarse judicialmente, estas
acusaciones refuerzan el aislamiento internacional del gobierno venezolano y
aportan nuevos elementos a las causas abiertas en Estados Unidos contra
dirigentes del régimen.El avance del proceso judicial podría derivar en nuevas
imputaciones, pedidos de cooperación internacional y mayores restricciones
diplomáticas. También abre interrogantes sobre el rol de representaciones
extranjeras y la utilización indebida de inmunidades diplomáticas. Para
Washington, el caso puede servir como respaldo jurídico a su política de
sanciones; para Caracas, implica un nuevo frente de presión externa con
posibles efectos en sus relaciones con México y otros países de la región.
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