La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en el análisis jurídico de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y se prepara para impugnarla ante la Justicia si el Congreso la aprueba sin modificaciones sustanciales. La central sindical cuestiona artículos que, según advierte, introducen restricciones al derecho de huelga y alteran principios del sistema de negociación colectiva, con impacto directo en trabajadores, sindicatos y empleadores.

El debate se inscribe en un proceso más amplio de reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo para modificar el marco laboral. La CGT ya cuenta con un antecedente reciente: la impugnación del capítulo laboral del DNU 70, que derivó en una declaración de invalidez constitucional por parte de la Justicia del Trabajo. Con ese respaldo, el equipo de abogados cegetistas volvió a estudiar el texto legislativo mientras la conducción sindical intensifica el diálogo con senadores de distintos bloques para introducir cambios antes de la votación.

Uno de los puntos centrales de la objeción es el artículo que reglamenta el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y trascendentales, al fijar niveles mínimos de prestación del 75% y 50%, respectivamente. La nómina incluye servicios de salud, educación, transporte, energía, telecomunicaciones, recolección de residuos y amplios sectores de la producción y los servicios. Para la CGT, esta regulación resulta más restrictiva que los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reproduce disposiciones ya cuestionadas judicialmente.

Además, especialistas ajenos al sindicalismo señalan posibles zonas de conflicto: la redefinición de la ultraactividad de los convenios, la prelación entre acuerdos por empresa y convenios sectoriales, y la potencial reapertura de más de 1.700 convenios vigentes. Estos cambios podrían incrementar la litigiosidad y generar incertidumbre operativa tanto para trabajadores como para empleadores.

Si el Congreso aprueba la reforma sin cambios, la CGT prevé presentar una acción judicial que volvería a colocar a la Justicia como árbitro del proceso. En paralelo, el resultado de las negociaciones legislativas determinará si el proyecto incorpora ajustes para reducir la conflictividad. El desenlace impactará en el equilibrio del sistema laboral, la previsibilidad para la inversión y el alcance de los derechos colectivos en un contexto de reformas económicas de amplio alcance.

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