El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, comparecer el próximo 3 de noviembre para explicar la reciente “Operación Contención” en las favelas de Alemão y Penha. La redada, dirigida contra el Comando Vermelho, dejó entre 119 y 132 víctimas mortales, convirtiéndose en el operativo policial más letal de la historia reciente del país.

La audiencia busca esclarecer el número exacto de fallecidos y heridos, el uso de la fuerza, el despliegue de efectivos, la asistencia a víctimas y el cumplimiento de protocolos de derechos humanos. La Defensoría Pública señaló que entre los muertos se incluyen cuatro policías y que 113 personas fueron detenidas, incluidas 10 adolescentes.

El STF insiste en que los operativos en favelas deben respetar normas internacionales de derechos humanos, tras la creciente preocupación por la transparencia de la acción. La ONU expresó su alarma y solicitó investigaciones inmediatas sobre la intervención.

Este operativo supera el récord de la masacre de Carandiru (1992) y se suma a otras intervenciones violentas recientes en Jacarezinho y Vila Cruzeiro. La acción buscaba desarticular la estructura del Comando Vermelho, aunque la mayoría de los fallecidos y detenidos aún no ha sido identificada.

Mientras se esperan los esclarecimientos judiciales, la población y organismos de derechos humanos reclaman transparencia y responsabilidad. La crisis evidencia el delicado equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos fundamentales en Brasil.

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