La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitida el viernes 27 de junio de 2025, ha generado un nuevo escenario en el debate sobre la ciudadanía por nacimiento. Aunque el fallo restringe la capacidad de los jueces federales para dictar interdicciones universales, no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar este derecho. Pese a que la administración celebró la decisión, la realidad es que 22 estados y el Distrito de Columbia aún mantienen órdenes judiciales que bloquean temporalmente la implementación de la nueva política.

La orden ejecutiva federal busca restringir la obtención automática de la ciudadanía estadounidense a hijos de ciudadanos y residentes permanentes legales, excluyendo a hijos de personas en situación irregular y de extranjeros con visas temporales (de trabajo, estudiante o turismo). El Gobierno argumenta que la Decimocuarta Enmienda nunca se aplicó universalmente a toda persona nacida en suelo estadounidense, sosteniendo que el alcance de “estar bajo jurisdicción” excluye a estos grupos.

El fallo de la Corte Suprema surge como respuesta a la práctica de jueces federales de emitir interdicciones universales, como las que frenaron la aplicación nacional de la orden ejecutiva en Massachusetts, Maryland y Washington. La decisión del Supremo limita el alcance de esas medidas solo a los estados partícipes de los recursos legales específicos. Esto significa que, en los estados sin estas sentencias, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en un plazo estimado de 30 días, a menos que prospere una nueva acción judicial.

Los estados donde se mantiene la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva que limita las personas con derecho a obtener la nacionalidad estadounidense todavía no se implementa en los siguientes 22 estados y el Distrito de Columbia:

• Arizona
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Hawái
• Illinois
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michigan
• Minnesota
• Nevada
• Nueva Jersey
• Nuevo México
• Nueva York
• Carolina del Norte
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Washington
• Wisconsin
• Distrito de Columbia

En los estados no amparados por estas sentencias, la orden ejecutiva podría activarse en 30 días a partir del fallo, siempre y cuando no prospere alguna nueva medida judicial que la detenga.

Oposición e incertidumbre en la comunidad migrante

La incertidumbre generada por la próxima entrada en vigor parcial de la orden ha intensificado la inquietud en comunidades migrantes, según reporta The Washington Post. Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes han advertido sobre una "ola de demandas" judiciales en los tribunales federales, tanto individuales como colectivas, que buscan ampliar la protección y evitar la aplicación de la restricción. Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association, anticipó esta reacción.

Tras conocerse el fallo de la Corte, se registraron al menos dos intentos de demandas colectivas: una en el caso Casa Inc. v. Trump, ya existente, y otra nueva encabezada por la American Civil Liberties Union (ACLU) en New Hampshire, con el fin de conseguir protección para todas las familias afectadas a nivel nacional, informó Newsweek.

El Gobierno federal sostiene que su decreto es legítimo y no contradice la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, detractores como la ACLU y el Brennan Center for Justice de la NYU Law School, insisten en que el derecho está garantizado para cualquier persona nacida en Estados Unidos, con contadas excepciones, como hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación, según NPR.

Los jueces del Supremo destacaron que su fallo no entra en la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, limitándose a restringir las interdicciones universales. La presidenta del tribunal, Amy Coney Barrett, detalló en su opinión mayoritaria que conceder protección total a individuos demandantes no implica necesariamente un amparo universal para todos los posibles afectados.

Efrén C. Olivares, vicepresidente del National Immigration Law Center, recomendó a los padres buscar los registros hospitalarios y certificados de nacimiento lo antes posible. Esta medida podría incidir en más de 150.000 nacimientos anuales de hijos de inmigrantes en situación regular e irregular, de acuerdo con estimaciones citadas por The Washington Post.