El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que se presentará ante el Congreso para ejercer su defensa en el juicio político que enfrenta, en medio de una profunda crisis financiera e institucional que pone en riesgo su continuidad en el poder.

La decisión fue comunicada este jueves a través de sus redes sociales, después de que una sesión extraordinaria del Congreso quedara sin quórum y no pudiera resolver si aceptaba o rechazaba la renuncia que había presentado durante la mañana.

El mandatario aseguró que concurrirá con argumentos y documentación para responder a los cuestionamientos sobre su responsabilidad en el escándalo financiero que involucra a Ueno Bank.

Peña prometió colaborar con las investigaciones

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, el jefe de Estado reconoció la gravedad del escenario político y pidió mantener la tranquilidad ante la incertidumbre que atraviesa el país.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó.

También dejó en claro que no desistirá de presentarse, aunque considera que algunos legisladores ya anticiparon su posición sobre el resultado del procedimiento.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, sostuvo.

Peña se comprometió, además, a entregar toda la información que soliciten los organismos encargados de investigar el caso. Afirmó que deben determinarse las responsabilidades correspondientes y que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, manifestó.

La crisis de Ueno Bank y los ahorros afectados

El conflicto que desencadenó la crisis política está relacionado con la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de que la entidad detectara que el banco no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia.

La situación dejó a millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas y generó preocupación por la disponibilidad de sus depósitos, pagos y beneficios.

La entidad financiera tenía alrededor de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Además, administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos vinculados con organismos estatales y sistemas previsionales.

El impacto económico derivó en un fuerte reclamo de los ahorristas y abrió una investigación sobre el funcionamiento de la entidad y sus vínculos con sectores del poder político.

La oposición cuestionó a Peña por posibles conflictos de intereses, presunto uso irregular de fondos previsionales y una supuesta protección de la entidad frente a los controles. El presidente rechazó haber cometido irregularidades y sostuvo que el asunto debe ser investigado por las autoridades judiciales y regulatorias.

El mandatario también estuvo bajo escrutinio por sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno hasta marzo de 2025. Peña afirmó que vendió su participación en ese grupo durante ese mes y negó haber intervenido indebidamente en los asuntos del banco.

El Congreso no pudo resolver la renuncia presidencial

La situación institucional se agravó cuando el Congreso convocó a una sesión extraordinaria para tratar la dimisión presentada por el presidente.

Después de aproximadamente dos horas de debate, legisladores oficialistas abandonaron el recinto durante el tratamiento del tema y dejaron la sesión sin el número necesario de integrantes para continuar.

De esta manera, no hubo una resolución parlamentaria sobre la renuncia y Peña permaneció formalmente en la Presidencia mientras se define su situación institucional.

La disputa también refleja las diferencias dentro del oficialismo. Mientras sectores del Gobierno buscaban facilitar la aceptación de la dimisión y el traspaso del mando al vicepresidente Pedro Alliana, la oposición pretendía rechazarla para continuar con el juicio político.

La Cámara de Diputados ya había aprobado el procedimiento contra el mandatario, por lo que la instancia siguiente quedó en manos del Senado.

Qué puede pasar con el futuro político de Peña

El proceso legislativo abre una etapa decisiva para el futuro del Gobierno paraguayo. El Senado deberá avanzar con el procedimiento y garantizar la instancia de defensa del presidente antes de resolver sobre su responsabilidad política.

En paralelo, la investigación financiera continúa con consecuencias dentro de los organismos de control. La intervención de Ueno Bank provocó la salida del titular del Banco Central y derivó en órdenes de detención contra ocho directivos actuales y anteriores de la entidad, quienes posteriormente se entregaron.

Peña insistió en que la situación de los ahorristas no debe quedar condicionada por su futuro político. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó.

También remarcó que las investigaciones y la devolución de los depósitos deben avanzar simultáneamente: “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”.

Finalmente, el presidente dejó una definición sobre su situación personal: “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”.

El desenlace dependerá ahora de las decisiones del Congreso y del avance de las investigaciones judiciales. Mientras tanto, la crisis de Ueno Bank mantiene en vilo a millones de clientes y se convirtió en el principal factor de presión sobre las instituciones paraguayas.

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