La crisis financiera de Ueno Bank provocó un fuerte terremoto político en Paraguay. Legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La iniciativa cuenta inicialmente con 35 firmas y apunta a establecer responsabilidades políticas por el colapso de la entidad bancaria, cuya intervención por parte del Banco Central generó preocupación entre millones de ahorristas y desató protestas en Asunción.

Los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo encabezaron la presentación del documento y solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves. El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

Qué necesita la oposición para destituir a Peña

El planteo todavía debe superar importantes obstáculos parlamentarios antes de llegar a una eventual destitución presidencial.

La Cámara de Diputados tiene 80 integrantes y necesita reunir 53 votos, equivalentes a dos tercios de sus miembros, para habilitar el tratamiento de la acusación en el Senado.

Si consigue ese respaldo, la Cámara Alta deberá pronunciarse sobre la responsabilidad de los funcionarios. Para declarar culpables a Peña y Alliana se necesitan 30 votos sobre un total de 45 senadores.

El escenario representa un desafío para la oposición porque el Partido Colorado, al que pertenece el presidente, conserva mayoría propia en ambas cámaras.

Sin embargo, la interna partidaria podría influir en la votación. El expresidente Horacio Cartes, actual titular de la agrupación oficialista, mantiene diferencias políticas con Peña y su postura podría resultar determinante.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola advirtió sobre las consecuencias electorales del escándalo y lanzó una advertencia: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”.

El colapso de Ueno Bank y los ahorros afectados

El conflicto se desencadenó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención y disolución de Ueno Bank, al detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.

La entidad pertenecía al Grupo Vázquez y tenía aproximadamente tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes. Además, concentraba depósitos públicos por unos 850 millones de dólares, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.

La decisión de las autoridades monetarias provocó una reacción inmediata. Numerosos clientes se concentraron frente a las sucursales para intentar retirar sus depósitos, mientras que durante la noche del martes se registraron manifestaciones contra el Gobierno en Asunción.

Ante la imposibilidad de disponer de sus fondos, el Banco Central informó que los ahorristas afectados recibirían un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares.

La Asociación de Bancos del Paraguay aseguró que las entidades financieras estaban trabajando para absorber el traslado de clientes provenientes de Ueno y sostuvo que el sistema bancario continuaba “operando con normalidad”.

Las acusaciones que complican al mandatario

El documento presentado por los legisladores opositores solicita avanzar con el juicio político por presunto “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”.

Entre los cuestionamientos aparecen posibles conflictos de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y un supuesto encubrimiento institucional de las irregularidades detectadas en el Banco Central.

Uno de los elementos señalados por los impulsores de la acusación es el vínculo empresarial que tuvo Peña con el grupo propietario de la entidad financiera. El mandatario, economista de profesión, había tenido acciones en la estructura empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esas participaciones en 2025.

Durante la presentación del pedido, la diputada Rocío Vallejo cuestionó duramente al jefe de Estado: “Nunca antes nadie perjudicó en un solo día a 3 millones de personas en la República del Paraguay y usted lo logró, señor presidente (...) usted es el origen de este monstruo que ha creado”.

Por su parte, el diputado independiente Raúl Rubín, otro de los impulsores de la iniciativa, responsabilizó directamente al mandatario por las consecuencias de la crisis.

“Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben”, afirmó.

La respuesta del Gobierno y la investigación judicial

Frente a la gravedad del conflicto, Peña aseguró a través de una publicación en la red social X que los responsables de las irregularidades deberán responder ante la Justicia, sin excepciones.

Además, promulgó una ley aprobada por el Congreso que permitirá a los ahorristas recuperar parte de sus depósitos mediante el mecanismo de garantía, con los primeros pagos previstos dentro de los cinco días siguientes.

“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, expresó el presidente.

En paralelo, la investigación sobre el funcionamiento de Ueno Bank avanzó en el ámbito judicial. Una denuncia de aproximadamente 200 páginas presentada por el Banco Central derivó en órdenes de detención contra ocho directivos del Grupo Vázquez, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

Los ejecutivos se entregaron a las autoridades, mientras que la Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas con la entidad y la Justicia dispuso el embargo de sus bienes.

La crisis también provocó la renuncia del entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo. Posteriormente, el Congreso aceptó uno de los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar nuevamente el directorio de la institución.

Un antecedente que recuerda la destitución de Fernando Lugo

La posibilidad de un juicio político vuelve a instalar en la agenda paraguaya un mecanismo institucional que ya tuvo consecuencias históricas.

En 2012, el Congreso destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, luego de un procedimiento impulsado tras una masacre ocurrida en Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y seis policías.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la política nacional y puso fin al mandato de Lugo, quien había llegado al poder en 2008.

Por ahora, el futuro de Santiago Peña dependerá de los respaldos que consiga la oposición y de la posición que adopten los legisladores colorados. Mientras tanto, la investigación sobre Ueno Bank continúa y millones de clientes esperan recuperar sus ahorros en medio de una crisis que amenaza con profundizar el desgaste político del Gobierno.

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