Paraguay atraviesa una de las mayores crisis financieras e institucionales de los últimos años. La intervención de Ueno Bank por graves problemas de solvencia desencadenó una investigación penal, la renuncia del titular del Banco Central, embargos millonarios y un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la entidad después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas financieras.

La decisión, adoptada por unanimidad, implicó la suspensión de todas las operaciones bancarias. Los clientes quedaron sin acceso a sus cuentas mediante tarjetas, cajeros automáticos y aplicaciones digitales.

Ueno Bank cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administra importantes recursos del sector público. La magnitud del caso llevó al Gobierno a impulsar medidas urgentes para evitar que las consecuencias alcancen a todo el sistema financiero.

La renuncia del titular del Banco Central profundizó la crisis

Uno de los acontecimientos de mayor impacto político fue la salida de Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central después de que Santiago Peña se la solicitara formalmente.

El funcionario había quedado bajo cuestionamiento por su pasado profesional: antes de asumir al frente de la autoridad monetaria en 2023, había presidido Financiera Ueno, la entidad que antecedió al banco actualmente intervenido.

Su participación en la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero generó interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y los controles aplicados a la institución.

Carvallo explicó que su salida buscaba evitar que la controversia política interfiriera con el procedimiento de resolución. Sin embargo, manifestó que permanecería temporalmente en funciones para garantizar la continuidad del proceso.

La renuncia se produjo luego de que el presidente Peña anunciara que había solicitado su apartamiento para facilitar las investigaciones y recuperar la confianza en las instituciones.

Ordenaron detener a ocho directivos y hubo arrestos

La crisis también llegó al ámbito judicial. El Ministerio Público abrió una investigación penal por presuntas irregularidades vinculadas con la administración de Ueno Bank y ordenó la detención de ocho personas relacionadas con la conducción de la entidad.

Entre los señalados figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, identificado como beneficiario final del banco; Juan Manuel Gustale, presidente de la institución; y otros integrantes de su directorio.

La causa fue caratulada como una investigación por lesión de confianza y otros hechos punibles.

Durante la jornada se concretaron varias detenciones. Entre los primeros arrestados estuvieron Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández. Posteriormente, Miguel Vázquez se presentó ante las autoridades policiales acompañado por sus abogados.

También se presentaron otros directivos alcanzados por las órdenes de captura. Las medidas forman parte de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales y determinar el destino de los recursos involucrados.

La Fiscalía deberá avanzar ahora con las declaraciones y las diligencias correspondientes para establecer si existieron maniobras irregulares en la administración de los fondos y los préstamos otorgados por la entidad.

Un embargo judicial por más de 70 millones de dólares

En paralelo a las actuaciones penales, el juez civil y comercial Walter Mendoza dispuso un embargo preventivo sobre bienes y cuentas de empresas vinculadas al banco y de sus principales directivos.

La medida fue solicitada por el Banco Central para evitar que los activos puedan ser transferidos o vendidos mientras avanza el procedimiento.

El embargo alcanza hasta 70 millones de dólares y 1.621.853.458.972 guaraníes, además de otros montos establecidos provisoriamente para cubrir gastos judiciales.

Entre las sociedades alcanzadas aparecen U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E., que forman parte de la estructura empresarial vinculada con la entidad financiera.

La decisión busca preservar patrimonio que eventualmente pueda contribuir a responder por las obligaciones del banco y proteger los derechos de los depositantes.

Los fondos de jubilados y organismos públicos quedaron comprometidos

Uno de los puntos más sensibles de la intervención es el impacto sobre los recursos estatales.

El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene cientos de millones de dólares depositados en Ueno Bank. Las estimaciones difundidas durante la crisis ubican esos fondos entre 328 y 380 millones de dólares, según las distintas referencias oficiales y periodísticas.

La situación involucra recursos vinculados con aproximadamente 32.000 jubilados, además de depósitos de organismos como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la entidad binacional Itaipú.

En total, Ueno administra alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, de acuerdo con estimaciones difundidas por Reuters.

La preocupación se concentra en garantizar que los recursos previsionales puedan seguir cumpliendo con el pago de jubilaciones y otras obligaciones estatales.

Qué pasará con los ahorros de los clientes

El procedimiento activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad financiera.

Ese límite equivale a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente 38.600 dólares.

Los depósitos que se encuentren dentro de ese monto están contemplados por el mecanismo de protección. En cambio, la recuperación de los saldos superiores dependerá de la evaluación patrimonial y del resultado del proceso de resolución.

Para realizar esa tarea, el Banco Central desplegó alrededor de 120 funcionarios en las sucursales de la entidad. El organismo dispone de un plazo máximo de 15 días para completar la conciliación de activos y pasivos, aunque manifestó su intención de acelerar los procedimientos.

Ante la magnitud del problema, Peña anunció un acuerdo con referentes del Congreso para impulsar una ley que permita agilizar los pagos a los ahorristas mediante el Fondo de Garantía y establecer mecanismos de protección para los recursos públicos y previsionales.

El objetivo del Gobierno es evitar que los depositantes deban esperar hasta la finalización de todo el procedimiento para recuperar el dinero cubierto por la garantía.

Las sospechas sobre los préstamos y las empresas vinculadas

Los problemas de Ueno Bank no aparecieron de manera repentina. Según explicó Carvallo, las primeras señales de alerta fueron detectadas durante junio, cuando los supervisores encontraron indicios de préstamos concedidos a empresas relacionadas con el grupo controlador.

La investigación técnica también identificó deficiencias en la documentación de operaciones crediticias, deterioro de los indicadores de liquidez y movimientos financieros que requirieron nuevas verificaciones.

El Banco Central sostuvo que la insuficiencia de solvencia se confirmó después de realizar ajustes en los estados financieros de la institución durante el proceso de regularización.

Carvallo defendió la actuación del organismo y argumentó que la difusión anticipada de información sensible podía acelerar el retiro de fondos y agravar la situación.

Por su parte, el presidente Peña aseguró que se trata de un caso particular y sostuvo que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia.

La oposición impulsa un juicio político contra Peña y Alliana

El impacto de la intervención también llegó al Congreso paraguayo. Senadores opositores anunciaron que promoverán un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por las responsabilidades que atribuyen al Gobierno en la crisis.

Los legisladores también adelantaron que presentarán una denuncia contra integrantes del directorio del Banco Central para que se investigue si existieron omisiones o irregularidades en las tareas de regulación y supervisión financiera.

El planteo apunta, entre otros aspectos, a los vínculos empresariales que existieron entre el mandatario y el grupo relacionado con Ueno. Peña había mantenido participación comercial en ese entorno hasta marzo de 2025, según los antecedentes difundidos por medios paraguayos.

Mientras tanto, comenzaron a registrarse manifestaciones en el centro de Asunción. Algunos de los participantes reclamaron explicaciones por los fondos comprometidos y exigieron avanzar con el juicio político al mandatario.

La crisis también llevó a Peña a cancelar su viaje a España, donde tenía previsto participar de la Cumbre Iberoamericana.

El futuro del banco y el impacto sobre la economía paraguaya

Las autoridades monetarias sostienen que la situación de Ueno Bank constituye un problema puntual y no representa, por sí misma, una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.

Sin embargo, la intervención de una entidad con casi tres millones de clientes, importantes depósitos estatales y una fuerte presencia en el mercado digital representa un desafío para la confianza de los ahorristas y los inversores.

El proceso de resolución deberá determinar el valor real de los activos, las obligaciones pendientes y las posibilidades de transferir operaciones a otras entidades financieras.

Mientras avanzan las investigaciones penales, los embargos y las discusiones políticas, la principal preocupación pasa por garantizar la devolución de los depósitos y proteger los fondos previsionales. El desenlace también será determinante para establecer responsabilidades dentro del sistema financiero y medir el costo institucional que deberá afrontar el Gobierno de Santiago Peña.

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