El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 y vinculada con el empresario Federico “Fred” Machado. La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir de la Argentina.

La medida representa un avance en una investigación que busca establecer si el dinero tuvo origen ilícito y si se realizaron operaciones para incorporarlo al circuito legal. El procesamiento no implica una condena definitiva: la causa continuará su curso judicial.

En la misma resolución, el magistrado procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, y a la firma familiar Varianza SA. Para ellos fijó embargos de $700 millones y $500 millones, respectivamente.

El origen de los fondos que investiga la Justicia

El expediente se concentra en el dinero que Espert recibió a través de una transferencia relacionada con una empresa vinculada a Machado, quien quedó involucrado en investigaciones en Estados Unidos por delitos financieros. El empresario se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero y fraude.

Espert sostuvo que el pago correspondía a un contrato de asesoramiento para una compañía minera de Guatemala, identificada como Minas del Pueblo. La Fiscalía, en cambio, cuestionó la autenticidad de ese acuerdo y sospecha que pudo haber sido utilizado para justificar el ingreso de fondos.

Entre los elementos analizados por los investigadores figuran la transferencia bancaria, los movimientos posteriores del dinero y operaciones patrimoniales que habrían incluido la compra de vehículos de alta gama y la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. La hipótesis fiscal sostiene que esas transacciones pudieron servir para dar apariencia legal a los fondos.

Qué argumentó Espert en su defensa

El exlegislador rechazó las sospechas y defendió el origen de la transferencia. En una publicación en redes sociales, sostuvo que el dinero había ingresado de manera identificable a una cuenta bancaria a su nombre.

“El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, afirmó al cuestionar las acusaciones y sostener que la operación estaba respaldada por documentación.

En el expediente también planteó objeciones al desarrollo de la investigación y pidió que se revisaran aspectos del procedimiento. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín rechazó recientemente planteos de su defensa destinados a frenar la pesquisa, lo que permitió que el proceso avanzara.

El papel del contador y de la sociedad familiar

La resolución judicial alcanzó también a Cosentino, contador de Espert. Para la investigación, su intervención en certificaciones y registros contables vinculados con algunas operaciones podría haber sido relevante para justificar el origen de los fondos.

Además, el juez procesó a Varianza SA, una sociedad integrada por Espert y su esposa. Los investigadores analizan si la firma fue utilizada para registrar operaciones y respaldar movimientos patrimoniales bajo sospecha.

Las medidas patrimoniales buscan resguardar bienes mientras continúa el expediente. Los embargos fijados para los tres procesados son diferentes y responden a las responsabilidades que la Justicia les atribuye en esta etapa de la causa.

Cómo sigue la causa por presunto lavado de activos

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2025 y adquirió repercusión política por el vínculo de Espert con Machado. El caso también tuvo consecuencias en la trayectoria pública del economista, que renunció a su candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires tras el escándalo.

Con el procesamiento, el expediente avanza hacia nuevas instancias judiciales en las que podrán revisarse las medidas adoptadas y evaluarse las pruebas reunidas. La prohibición de salir del país y los embargos seguirán sujetos a las decisiones que se tomen durante el proceso.

El próximo paso será determinar si los elementos incorporados permiten sostener las acusaciones en las etapas siguientes. Hasta que exista una sentencia firme, Espert y los demás procesados conservan el estado jurídico de personas investigadas y no deben ser considerados culpables.

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