La Argentina consiguió más tiempo para defender su posición
en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. La
prórroga extiende hasta el 2 de diciembre de 2026 el plazo para presentar la
respuesta al recurso con el que los demandantes pretenden revertir la decisión
judicial favorable al Estado argentino.
El cambio modifica el calendario de una de las causas
económicas más relevantes para el país. Sin embargo, no representa una nueva
sentencia sobre el fondo del litigio ni significa que la Corte Suprema
estadounidense haya aceptado revisar el expediente.
La disputa continúa después de que la Justicia de Nueva
York dejara formalmente sin efecto la condena de primera instancia por
US$16.100 millones. Ahora, el máximo tribunal deberá decidir si admite el
planteo de los fondos demandantes.
Qué cambia con la extensión del plazo
El Estado argentino debía presentar su respuesta el 2 de
noviembre. Con la ampliación de 30 días, la fecha límite pasa al 2 de
diciembre, lo que permitirá a sus representantes legales preparar la
contestación al recurso extraordinario.
La presentación de los demandantes fue impulsada por
Petersen Energía y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital. Su
objetivo es que la Corte Suprema revise el fallo de la Cámara de Apelaciones de
Nueva York, que en marzo de 2026 revirtió la condena contra la Argentina.
El pedido de más tiempo no anticipa cuál será la decisión
de los jueces estadounidenses. Una vez recibidos los escritos, la Corte deberá
resolver si acepta intervenir en el caso, una instancia que no se habilita
automáticamente por el solo hecho de presentar una apelación.
El fallo que evitó una condena multimillonaria
El litigio se originó en la nacionalización del 51% de YPF,
concretada en 2012. Los demandantes sostienen que la Argentina incumplió
obligaciones con los accionistas minoritarios al avanzar con la expropiación
sin realizar una oferta pública de adquisición por sus participaciones.
En septiembre de 2023, la jueza federal de Nueva York
Loretta Preska había condenado al país a pagar US$16.100 millones. Con los
intereses acumulados, el monto reclamado llegó a superar los US$18.000
millones.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2026, la Cámara de
Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa sentencia. En octubre, Preska
formalizó la anulación de su fallo original y dio por concluida la etapa de
primera instancia.
Qué dicen los especialistas sobre los nuevos
plazos
El abogado Sebastián Soler consideró que la solicitud de
una extensión no resulta excepcional dentro de este tipo de procesos. “No tiene
nada de raro. Burford pidió y consiguió una prórroga igual para el escrito de
su recurso”, señaló al analizar el calendario judicial.
Por su parte, el analista Sebastián Maril advirtió que el
cambio reduce las posibilidades de conocer una decisión de la Corte Suprema
antes de que termine el año. Los demandantes también habían obtenido una
extensión para presentar su recurso, que finalmente ingresó al tribunal el 30
de septiembre.
La Corte Suprema de Estados Unidos recibe miles de
solicitudes de revisión en cada período de sesiones y acepta solo una pequeña
proporción. Por eso, la presentación argentina no garantiza una resolución
inmediata ni permite anticipar si los magistrados tomarán el caso.
La última instancia judicial en Estados Unidos
El expediente se encuentra en una etapa determinante para
el futuro del reclamo de los fondos. Si la Corte Suprema rechaza revisar la
decisión de la Cámara de Apelaciones, se mantendrá el resultado favorable a la
Argentina en la disputa por la indemnización.
Si, en cambio, acepta analizar el recurso, el litigio
podría abrir una nueva fase en la Justicia estadounidense. Los demandantes
buscan recuperar la condena millonaria que quedó sin efecto, mientras el Estado
sostiene su estrategia para evitar el pago.
Con el nuevo calendario, la atención estará puesta en la
presentación que deberá realizar la Argentina antes del 2 de diciembre y en la
posterior decisión del máximo tribunal. Hasta entonces, la condena de primera
instancia continúa anulada, pero el conflicto todavía no puede considerarse
definitivamente cerrado.
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