El exintendente de 9 de Julio, Sebastián Hugo Ynsaurralde,
reconoció que se pagaron más de $2,8 millones a un grupo de abogados y otros
profesionales que llegó a la localidad tras la desaparición de Loan Danilo
Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024.
La declaración se realizó ante el Tribunal Oral Federal que
lleva adelante el juicio por las presuntas maniobras destinadas a obstaculizar
la investigación. Los integrantes del grupo, que se habrían presentado como
vinculados con la Asociación Lucio Dupuy, están acusados en una causa conexa.
Durante su testimonio, el exjefe comunal destacó las tareas
que realizaron quienes llegaron al pueblo, aunque no pudo precisar por qué se
facturaron supuestos “informes periciales” que, según declaró, nunca vio ni
recibió el municipio.
El pago adquiere relevancia porque el Gobierno provincial
había transferido $4 millones para afrontar los gastos vinculados con la
búsqueda del niño y brindar asistencia a su familia y a familiares de los
imputados que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
Cómo comenzó el vínculo con los acusados
Ynsaurralde contó que recibió una recomendación del
periodista Alejandro Pueblas para que atendiera a un grupo que viajaría a la
localidad. Según relató ante los jueces, le dijeron que se trataba de personas
vinculadas con la Asociación Lucio Dupuy.
“Me envió un mensaje el periodista Alejandro Pueblas
diciéndome que venían amigos suyos de la Asociación Lucio Dupuy, que eran
buenas personas, que los reciba”, declaró.
Luego, Elizabet Cutaia y Alan Cañete se comunicaron con él
y se presentaron como abogados relacionados con esa organización y con Niñez y
Justicia. Según la versión del exintendente, buscaban colaborar con la
asistencia a los hijos de Laudelina Peña, tía de Loan e imputada en el
expediente principal.
El exfuncionario admitió que nunca les solicitó
credenciales para verificar sus identidades o la representación que decían
tener. Justificó esa decisión en la confianza que le generaron las referencias
recibidas.
“Consideré que no hacía falta”, sostuvo al explicar por qué
no pidió documentación que acreditara sus vínculos con las entidades
mencionadas.
Qué explicó sobre las facturas y el alojamiento
Según Ynsaurralde, Cutaia y Cañete le plantearon
dificultades económicas para afrontar los traslados diarios desde Bella Vista,
donde se alojaban, hasta 9 de Julio. Ante esa situación, les preguntó si podían
emitir facturas por los gastos.
El exintendente afirmó que la abogada le aseguró estar
habilitada para facturar. También sostuvo que fue ella quien determinó el monto
y que le pidió que detallara los conceptos incluidos en la documentación.
“Yo le pedí que detalle todo en la factura. No pagamos por
honorarios profesionales”, declaró.
Sin embargo, al ser consultado por el concepto de “informes
periciales”, reconoció que no tenía constancia de haber recibido esos
documentos ni de que hubieran sido presentados ante el Juzgado Federal de Goya,
donde se tramitaba la investigación.
Además, señaló que ofreció el hotel Despertar del Iberá
para alojar al grupo y a varios menores vinculados con la familia de Loan. Ese
gasto, según su testimonio, rondó los $700.000.
Los fondos para la búsqueda y las tareas en el
lugar
El exintendente también reconstruyó las primeras horas
posteriores a la desaparición del niño. Dijo que su entonces directora de
Producción, María Victoria Caillava, le informó sobre lo ocurrido el 13 de
junio de 2024 en la zona de El Algarrobal, ubicada a unos 13 kilómetros del
casco urbano.
“Yo llegué al lugar a las 19.15 y ya había una excesiva
cantidad de gente buscando. Más de 300 o 400 vecinos y fuerzas de seguridad”,
recordó.
Afirmó que permaneció en la zona hasta las 2.30 de la
madrugada y que al día siguiente comenzó a coordinar necesidades logísticas
para los rastrillajes. Entre ellas mencionó la provisión de baños químicos,
combustible y alojamiento para los rescatistas que llegaban desde otras
localidades.
Respecto de los pagos al grupo investigado, sostuvo que se
utilizaron fondos municipales y afirmó que esos desembolsos no fueron auditados
por el Tribunal de Cuentas provincial porque, según su interpretación, se
trataba de recursos genuinos.
También describió a Nicolás Gabriel Soria, conocido como
“El Americano” y acusado en la causa conexa, como “un lobo solitario”. El
exintendente dijo que no lo consideraba parte del grupo encabezado por Cutaia y
Cañete.
Una audiencia marcada por los cruces con las
defensas
Durante el interrogatorio de los fiscales Carlos Schaefer y
Tamara Pourcel, los abogados defensores interrumpieron reiteradamente las
preguntas. La situación llevó al presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, a
advertirles que estaban “obstaculizando el desarrollo del juicio”.
Ynsaurralde también reconoció que mantuvo numerosos
contactos políticos después de la desaparición de Loan. En ese tramo, relató
que un exlegislador nacional y dirigente peronista le habría sugerido
aprovechar la repercusión pública del caso para posicionarse políticamente.
La audiencia incluyó, además, la declaración de la abogada
Mónica Méndez, quien explicó que conoció a integrantes del grupo a comienzos de
julio de 2024, después de observar que acompañaban a Macarena Peña, familiar
del niño, a la Fiscalía Federal.
Méndez contó que se contactó con Cutaia a través de
Instagram y que luego fue invitada a una reunión en el hotel donde se alojaban.
Según recordó, allí le dijeron que los gastos eran cubiertos por ellos mismos y
que recibían ayuda del intendente.
Qué busca esclarecer el juicio
La causa conexa procura determinar si las personas que
llegaron a 9 de Julio bajo la supuesta representación de organizaciones de
protección de la infancia realizaron maniobras que interfirieron en la
investigación por la desaparición de Loan.
Los testimonios sobre los pagos, las facturas, los vínculos
entre los acusados y el uso del nombre de la asociación forman parte de las
pruebas que deberá evaluar el tribunal. Las declaraciones de los testigos, por
sí solas, no determinan la responsabilidad penal de los imputados.
Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez en
una zona rural de 9 de Julio. Mientras el juicio avanza para establecer qué
ocurrió durante la investigación y si hubo intentos de entorpecerla, su
paradero continúa sin esclarecerse.
Con base en nota de: infobae.com
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