La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., empresa
controlante de la cadena de electrodomésticos Musimundo, y dejó sin efecto el
concurso preventivo que había sido abierto en julio.
La resolución fue dictada el 2 de septiembre de 2026 por el
Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis
Lavenas, dentro del expediente “CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo”.
La propia compañía comunicó la decisión a la Comisión
Nacional de Valores (CNV). A partir del fallo, el expediente pasó a tramitarse
como “CARSA S.A. s/ Quiebra”.
Cierres y una operación que no avanzó
La situación judicial se produjo después de un proceso de
fuerte reestructuración interna. En las últimas semanas, Musimundo cerró 20
sucursales en distintas provincias del nordeste argentino, entre ellas Chaco,
Formosa, Corrientes y Misiones.
Los cierres se produjeron en un contexto de menor consumo,
crecimiento del comercio electrónico y dificultades financieras de la compañía.
Los locales alcanzados incluían establecimientos considerados duplicados en
algunas ciudades.
De acuerdo con estimaciones citadas en el proceso, las
medidas tuvieron impacto sobre más de 100 puestos de trabajo.
Otro de los factores que incidió en el escenario fue el
fracaso de una negociación para transferir 45 sucursales. En paralelo, había
existido una propuesta para vender Musimundo a los propietarios de On City,
aunque finalmente la operación no se concretó.
Por qué se decretó la quiebra
La empresa había ingresado nuevamente en concurso
preventivo con la intención de reorganizar sus obligaciones. Sin embargo, el
tribunal consideró que la situación financiera impedía sostener ese proceso.
La resolución judicial señaló la existencia de “hechos
reveladores del estado de cesación de pagos”, en los términos establecidos por
el artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras.
El cambio de situación se produjo luego de que el
directorio aprobara, el 26 de agosto, un plan destinado a reducir la estructura
de la compañía. La medida se implementó después del cierre de sucursales y del
fracaso de la transferencia de los 45 locales.
Una deuda de $63.500 millones
Carsa ya había atravesado un proceso concursal en 2018,
cuando declaró obligaciones por unos $900 millones.
La situación financiera volvió a deteriorarse en 2026. A
fines de mayo, la compañía acumulaba aproximadamente $3.060 millones en pasivos
bancarios, de los cuales cerca de $1.549 millones correspondían al Banco
Nación.
A esto se sumaba una deuda concursal de $63.500 millones,
uno de los principales datos que dimensionan la crisis financiera que atraviesa
la firma.
Cómo continúa el proceso
La Justicia resolvió mantener a la sindicatura que ya
intervenía en el expediente, a cargo del Estudio Contable Benítez, integrado
por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.
También permanecen vigentes las fechas previstas para las
próximas etapas del proceso. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de
verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026.
El informe individual deberá ser presentado el 30 de marzo
de 2027, mientras que el informe general está previsto para el 25 de junio de
2027.
La declaración de quiebra abre ahora una nueva etapa
judicial para Carsa, en la que deberán definirse el reconocimiento de los
créditos, la situación de los activos y las medidas necesarias para avanzar con
el proceso establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.
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