Organizaciones de derechos humanos denunciaron en las últimas horas que el régimen de Irán habría asesinado a más de 500 manifestantes y detenido a más de 10.600 personas durante dos semanas de protestas masivas, iniciadas a fines de diciembre, en un contexto de represión intensificada y restricciones casi totales a internet y las comunicaciones.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, hasta el 11 de enero de 2026 se registraron al menos 538 muertes, de las cuales 490 corresponderían a civiles y 48 a miembros de las fuerzas de seguridad. La organización, que ha sido considerada una fuente consistente en episodios previos, indicó que los datos provienen de redes internas de informantes y verificación cruzada dentro de Irán.

Las protestas comenzaron hace 15 días como rechazo al aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un cuestionamiento más amplio al sistema teocrático instaurado tras la revolución de 1979. El estallido social se produce pocos meses después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en junio de 2025, un conflicto que dejó al país en una situación económica y política aún más frágil.

El apagón de internet, que ya supera las 60 horas según la organización NetBlocks, dificulta la verificación independiente de las cifras y limita la capacidad de comunicación de la población. Otras entidades, como el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), también informaron relatos coincidentes sobre el uso de munición real, disparos dirigidos al rostro y hospitales desbordados, con escasez de sangre y personal médico.

En el plano político, el gobierno iraní reconoció detenciones “significativas” sin precisar cifras ni identidades. El presidente Masud Pezeshkian y altos funcionarios de seguridad atribuyeron las protestas a “alborotadores” y a la injerencia de enemigos externos, mientras que el Parlamento advirtió que un eventual ataque militar extranjero tendría respuesta contra intereses de Estados Unidos e Israel. La represión afecta principalmente a sectores urbanos, comerciantes, estudiantes y trabajadores, en un contexto de inflación acelerada y caída del poder adquisitivo.

La continuidad de las protestas, pese a la censura y la violencia estatal, plantea un escenario abierto. La presión internacional podría intensificarse, con pedidos desde Israel para que la Unión Europea declare terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y llamados del Vaticano al diálogo. Al mismo tiempo, el endurecimiento del control interno y el bloqueo informativo elevan el riesgo de nuevas víctimas y de un aislamiento mayor del país, mientras no se vislumbra una respuesta política que canalice las demandas sociales de fondo.

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