El Gobierno de Bolivia alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas para levantar los bloqueos que paralizaron el país durante una semana y mantener el subsidio a los combustibles. El pacto, sellado en El Alto tras una jornada de diálogo con seis ministros, abroga el decreto 5503 y establece la redacción de una nueva norma que preservará la subvención al diésel, una definición clave para la estabilidad social y el funcionamiento de la economía.

El decreto 5503, vigente desde el 17 de diciembre, había introducido nuevos precios de los combustibles con aumentos de hasta 162% respecto de valores subsidiados por más de dos décadas. La norma se enmarcaba en un paquete de medidas que incluía aumentos del salario mínimo, un bono escolar y una renta para adultos mayores sin aportes, pero generó un fuerte rechazo sindical por su impacto inmediato en el costo de vida y el transporte. Desde el 22 de diciembre, las protestas derivaron en cortes de rutas troncales y marchas que afectaron la movilidad, el abastecimiento y la actividad turística.

El acuerdo permitió el levantamiento de todas las medidas de presión y la reanudación del tránsito en corredores estratégicos, con alivio para productores, comerciantes y viajeros. Durante los bloqueos, el Estado debió implementar rescates por aire y agua para turistas varados en el salar de Uyuni y el lago Titicaca, además de puentes aéreos para sostener el suministro de alimentos en las ciudades. Los sindicatos mantendrán un estado de emergencia hasta la promulgación del nuevo decreto, mientras el Ejecutivo sostiene la reprogramación de créditos bancarios, la mejora de bonos sociales y la actualización de la política salarial.

Una comisión mixta redactará la nueva norma que conservará exclusivamente los artículos referidos a la subvención de combustibles. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta ahora el desafío de compatibilizar el alivio social con la presión fiscal y la volatilidad regional de los precios energéticos. La promulgación del decreto y su implementación efectiva serán determinantes para consolidar la normalización y evitar nuevas tensiones en el corto plazo.

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