La crisis política y social en Bolivia se profundizó cuando la Central Obrera Boliviana (COB) rompió formalmente el diálogo con el gobierno del presidente Rodrigo Paz y anunció una escalada de protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida que ya provocó bloqueos en más de 50 puntos de la red vial nacional y tensiona la estabilidad económica del país.

El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, que puso fin a un esquema de subsidios a la gasolina y el diésel vigente durante más de dos décadas. La norma fijó nuevos precios que implican aumentos de hasta 162% en algunos combustibles, en un contexto marcado por dificultades fiscales, presión inflacionaria y un deterioro del poder adquisitivo. Desde fines de diciembre, distintos sectores sindicales y sociales expresaron su rechazo, pero el enfrentamiento se agudizó cuando el Ejecutivo descartó revisar el núcleo del decreto, pese a las demandas de la principal central obrera del país.

La ruptura del diálogo con la COB amplía el alcance del conflicto y multiplica sus efectos económicos. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registraron 52 puntos de bloqueo en al menos seis departamentos, con especial impacto en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El transporte de mercancías, el abastecimiento urbano y el comercio interno comenzaron a mostrar demoras y sobrecostos, mientras sectores como el transporte y la producción agrícola advierten sobre pérdidas crecientes. Para el gobierno, la eliminación del subsidio busca aliviar el déficit fiscal y reducir distorsiones, pero para amplios sectores sindicales la medida traslada el ajuste a los trabajadores y a los hogares de menores ingresos.

El escenario inmediato permanece abierto. El Ejecutivo ha mostrado disposición a modificar artículos secundarios del decreto con otros actores, aunque mantiene su negativa a una derogación total, exigencia central de la COB. Si los bloqueos persisten o se amplían, el conflicto podría derivar en una parálisis económica parcial y forzar nuevas instancias de negociación. Al mismo tiempo, la retórica sindical sobre una “revolución nacional” anticipa un endurecimiento de las protestas, lo que plantea riesgos de confrontación social y de desgaste político para el gobierno de Rodrigo Paz en un momento de fragilidad institucional.

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