El régimen de Irán advirtió que toda persona que participe
o colabore con las protestas será acusada de “enemistad con Dios”, un delito
que la legislación iraní castiga con la pena de muerte, en un contexto de
manifestaciones masivas iniciadas a fines de diciembre y una represión que ya
dejó decenas de muertos y miles de detenidos.
La amenaza fue formulada por el fiscal general Mohammad
Movahedi Azad y difundida por la televisión estatal, en medio de casi dos
semanas de protestas que comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del
rial, la inflación y el deterioro económico agravado por las sanciones
internacionales. Las movilizaciones, que se iniciaron en el Gran Bazar de
Teherán, se extendieron rápidamente a más de cien ciudades, incluyendo Mashhad,
Tabriz, Qom y Shiraz. Con el paso de los días, las consignas económicas derivaron
en cuestionamientos directos al liderazgo político y religioso.
Según Human Rights Activists News Agency (HRANA), la
represión dejó al menos 72 muertos y más de 2.300 detenidos, mientras que Iran
Human Rights documentó 51 víctimas fatales, entre ellas nueve menores. Las
cifras no pueden verificarse de manera independiente debido a un apagón casi
total de internet que, de acuerdo con NetBlocks, superó las 36 horas continuas.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron detenciones masivas y
uso excesivo de la fuerza. La advertencia oficial amplía el alcance represivo
al incluir a quienes “ayuden” a los manifestantes, lo que afecta a familiares,
activistas y redes de apoyo.
La escalada judicial y el bloqueo informativo anticipan un
endurecimiento de la respuesta estatal. En paralelo, la presión externa
aumenta: la Unión Europea expresó respaldo a las demandas de libertad y pidió
la liberación de detenidos, mientras Estados Unidos manifestó apoyo a la
ciudadanía iraní. El régimen, que atribuye las protestas a una injerencia
extranjera, enfrenta el riesgo de mayor aislamiento si persisten las
ejecuciones y juicios acelerados. La evolución dependerá de la capacidad del
Estado para sostener el control interno y de la continuidad de la atención
internacional sobre los derechos humanos en Irán.
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