La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió mantener el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago dispuesto por el presidente Donald Trump, al considerar que el gobierno federal no acreditó fundamentos legales suficientes para utilizar fuerzas militares en apoyo de operativos migratorios en Illinois. La decisión, adoptada tras semanas de análisis, refuerza los límites constitucionales al uso de tropas en tareas de seguridad interna.

El conflicto se originó cuando la administración Trump ordenó el envío de efectivos para respaldar acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a protestas registradas en el área metropolitana de Chicago. La jueza federal April Perry bloqueó la medida al señalar que no existían pruebas de una rebelión ni de incapacidad de las fuerzas locales para mantener el orden, fallo que luego fue ratificado por el Séptimo Circuito. La Casa Blanca recurrió entonces al máximo tribunal.

Por mayoría, la Corte sostuvo que el Ejecutivo no identificó una autoridad legal que habilite a las fuerzas armadas a ejecutar leyes estatales en Illinois. Tres jueces disintieron y plantearon la necesidad de proteger a funcionarios y bienes federales. El gobernador JB Pritzker celebró la decisión por considerar que preserva la autonomía estatal, mientras que el fiscal general de Illinois remarcó que no se daban las condiciones excepcionales previstas por la ley. Los 200 efectivos de la Guardia Nacional de Texas que habían sido movilizados ya fueron retirados.

La resolución no pone fin al litigio, pero sienta un precedente relevante para otros casos similares en ciudades gobernadas por demócratas. El debate sobre el alcance de la autoridad presidencial para emplear fuerzas militares en conflictos internos seguirá en los tribunales y podría derivar en nuevas definiciones sobre la relación entre el poder federal y los estados.

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