El régimen talibán aplicó esta semana once flagelaciones públicas en Kabul contra personas condenadas por adulterio y por delitos relacionados con el tráfico de drogas y alcohol, tras la ratificación de las sentencias por el Tribunal Supremo afgano. Los castigos, ejecutados en espacios públicos, confirman el endurecimiento del sistema judicial desde el regreso de los talibanes al poder en 2021 y reavivan las críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

Según informó el Tribunal Supremo, cuatro personas —entre ellas dos mujeres— fueron condenadas por adulterio a penas de prisión de uno a dos años y a entre 25 y 30 latigazos. Un día antes, otras once personas recibieron entre 10 y 39 latigazos por delitos vinculados al contrabando y venta de drogas y alcohol, además de penas de cárcel de hasta tres años. Estas prácticas se inscriben en la interpretación estricta de la ley islámica que el régimen aplica desde agosto de 2021.

Las flagelaciones públicas han sido reiteradamente cuestionadas por Naciones Unidas, que reclama una moratoria como paso previo a la abolición de los castigos corporales. Informes del sistema de la ONU señalan que la mayoría de los sancionados son hombres, aunque mujeres y niñas resultan especialmente afectadas en causas vinculadas a los denominados “delitos morales”. Las penas, ejecutadas ante la población local, refuerzan el control social y limitan el margen de acción de los sectores más vulnerables.

La continuidad de estas prácticas profundiza el aislamiento diplomático del régimen talibán y complica cualquier avance en el reconocimiento internacional. Organismos de derechos humanos anticipan nuevas denuncias y presiones multilaterales, mientras las autoridades de facto mantienen su política judicial sin señales de revisión o reforma a corto plazo.

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