El presidente Javier Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se apresta a firmar un decreto que derogará más de 40 leyes, popularmente conocido como el decreto "hojarasca". Esta medida se implementaría aprovechando las facultades delegadas por la Ley Bases, cuyo plazo vence mañana martes. Actualmente, los equipos técnicos del Gobierno están validando la medida con los diferentes ministerios y se espera su próxima publicación en el Boletín Oficial.

Entre las normativas que el Gobierno planea dejar sin efecto se encuentra la Ley 20.843, que establece el padrinazgo presidencial para los séptimos hijos nacidos en el país. Esta ley, en vigor desde 1974, implicaba que el jefe de Estado debía apadrinar a estos niños, entregándoles una medalla, una beca o pensión simbólica y una carta de reconocimiento.

Otra de las leyes en la mira es la Ley 20.120, que regula el derecho de reunión en lugares cerrados y exige una notificación previa a la Administración Pública para obtener su autorización. Esta norma incluso facultaba al Ejecutivo a prohibir eventos que representaran una "amenaza real e inminente para la seguridad pública".

Además, el decreto buscará eliminar el marco jurídico del carnet de mochilero (Ley 20.802), que establecía su uso obligatorio para quienes solicitaban la colaboración de terceros para desplazarse y acampar dentro del país. También se derogarán las normas que regulan el uso del microfilm en diversos organismos del Estado para la conservación de documentación oficial, como las leyes que afectan al Comando en Jefe del Ejército, Banco Nación, ANSES y otros organismos nacionales.

La Ley 23.634 de 1988, que declaraba de interés nacional la cría de conejos (cunicultura) y ofrecía beneficios fiscales y financiamiento, también será suprimida. Esta ley incluía la creación de una Comisión Nacional de Cunicultura y un banco genético. Asimismo, se derogará la Ley 27.652 de 2021, que había puesto en marcha una estrategia integral para acompañar a estudiantes afectados por el aislamiento, desde nivel inicial hasta adultos, con equipos de seguimiento, apoyo digital y programas de tutorías.

Finalmente, el Gobierno tiene previsto eliminar una norma que promueve la constitución de asociaciones civiles con beneficios específicos y leyes relacionadas con la prevención de la viruela de 1960 y 1979, que establecían la obligatoriedad de notificación de casos y facultades de aislamiento.