El Gobierno nacional se prepara para una última batería de medidas de "motosierra" antes de que expiren las "facultades delegadas" otorgadas por el Congreso a través de la "Ley Bases" el próximo martes 8 de julio. Aunque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostiene que estas facultades representan solo un pequeño porcentaje de su capacidad de acción, el Ejecutivo presentará nuevas iniciativas este lunes o martes, que serían anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Gran parte de la agenda ya era conocida y se venía demorando. Las medidas apuntan principalmente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ambos organismos, actualmente descentralizados y dependientes del Ministerio de Economía, pasarían a las órbitas de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente. Esto implicaría la pérdida de su autarquía, lo que se traduciría en un fuerte recorte presupuestario, despidos y la posible venta de bienes y patrimonio.

En el caso del INTA, el Gobierno buscará reestructurar su organigrama directivo, quitando influencia a las entidades rurales y centralizando las decisiones en el Ejecutivo. Sturzenegger ha sido crítico con el organismo, señalando que "tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen". El INTI, por su parte, pasaría a ser una "unidad organizativa", con el fin de reintegrar estos organismos a la administración central para evitar que generen "cajas" propias a través de trámites y cobros, según explicó el ministro.

Además, el Ejecutivo trabaja en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), para crear un único Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, que depende del ministro Luis Caputo. Esta fusión ya había sido propuesta en el proyecto original de la Ley Bases en 2024, pero no prosperó.

La "motosierra" también alcanzaría a la Dirección Nacional de Vialidad, cuya disolución se prevé. Asimismo, se desguazaría la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Estas funciones serían absorbidas por otras reparticiones de la Secretaría de Transporte o, en el caso de los controles de tránsito nacional, por Gendarmería.

Esta reestructuración de Vialidad implicaría cambios en su presupuesto y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte para unificar la fiscalización y control de los contratos de concesión, también bajo el control de Caputo. El Gobierno también planea traspasar obras nacionales a los gobiernos provinciales, aunque aún no se ha especificado el esquema de recursos.

Sturzenegger ha reiterado en entrevistas que en un año y medio de gestión se lograron ahorros de funcionamiento del Estado por USD 2.000 millones, que, según afirmó, "volvieron a la gente". El ministro defendió la desregulación como clave para abaratar servicios, poniendo como ejemplo la libertad en el mercado de gas en garrafa para evitar intermediarios innecesarios que encarecen el producto.

Finalmente, Sturzenegger enfatizó que, si bien las facultades delegadas expiran, la agenda desreguladora continuará, ya que representaban solo "un 5% de lo que hacemos". "El resto lo seguiremos impulsando con decretos, resoluciones y normativa vigente. Vamos a continuar con esta tarea porque creemos que simplificar el Estado es clave para liberar a la sociedad y a la economía", concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto y la eficiencia estatal.