En un fallo calificado de “sin precedentes” por su envergadura económica y simbólica, el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, homologó un acuerdo de reparación económica para 18 trabajadores indígenas que fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en Santa Victoria.

El acuerdo, formalizado el pasado 23 de junio, establece el pago de 36 millones de pesos, más un ajuste de $500.000 por inflación, que se distribuirán en partes iguales entre las víctimas. Los pagos serán escalonados y deberán completarse en un plazo de 90 días. Además, el imputado, Jesús Isauro Erazo, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses, cumpliendo cuatro horas semanales de trabajo en un hogar de ancianos de Tartagal.

Los hechos, ocurridos entre noviembre y diciembre de 2023, involucraron a integrantes de las comunidades aborígenes El Cañaveral y San Luis. Fueron captados con falsas promesas de empleo en la finca “Los Chilenitos”, donde se les ofreció $8.000 por hectárea para tareas de deschampe. Sin embargo, una vez en el lugar, fueron sometidos a condiciones inhumanas: alojados en campamentos improvisados con plásticos, sin acceso a comida ni agua potable adecuada, y obligados a trabajar extensas jornadas bajo temperaturas cercanas a los 50 grados.

La única fuente de agua estaba a cinco kilómetros, y el plato de comida diario les era descontado del irrisorio salario prometido, que nunca llegó. La fiscal federal Lucía Orsetti detalló que las víctimas fueron intimidadas al reclamar su pago y se les impidió retirarse. La situación llegó a su fin el 18 de diciembre de 2023, cuando tres obreros lograron escapar y una denuncia anónima a la línea 145 activó un operativo de rescate de Gendarmería Nacional.

La psicóloga Verónica Olguín Rufino, en su informe, destacó la vulnerabilidad estructural de las víctimas, quienes carecen de acceso a servicios básicos y fueron incorporadas al trabajo infantil desde muy temprana edad. La fiscal Orsetti justificó la vía de la reparación económica, argumentando que, a pesar de la solidez de la acusación, las vías civiles tradicionales a menudo resultan ineficaces para garantizar una indemnización efectiva a las víctimas. El acuerdo fue respaldado por el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, y el abogado del imputado, y fue homologado por el juez, quien consideró legítimo el proceso y el consentimiento de todas las partes.