La relación entre el Gobierno Nacional y las provincias atraviesa un momento de alta tensión debido a la disputa por la distribución de fondos. Los gobernadores, insatisfechos con la contrapropuesta de la Casa Rosada para compensar la caída de la recaudación provincial, han decidido impulsar su propio proyecto de ley en el Congreso, buscando modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

El conflicto se originó semanas atrás, cuando un grupo de mandatarios provinciales se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para reclamar más fondos y compensar el impacto de las políticas económicas nacionales en sus arcas. Tras ese encuentro, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, ante una contrapropuesta insuficiente del Gobierno —que solo ofrecía seguir conversando—, decidieron presentar unilateralmente una iniciativa legislativa.

Este proyecto propone eliminar una serie de fondos fiduciarios, una medida que el propio presidente Javier Milei ha criticado, para redistribuir esos recursos entre las provincias. Específicamente, busca que las provincias reciban el 58,36% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos y que los ATN se distribuyan de forma automática, sin la discrecionalidad actual del Poder Ejecutivo.

La situación se agravó este martes, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunió con los ministros de Economía provinciales para presentar una nueva oferta que no solo no conformó, sino que generó malestar. Guberman propuso coparticipar únicamente los ingresos por el impuesto a los combustibles, rechazando la modificación del sistema de los ATN. Además, planteó eliminar fondos fiduciarios vinculados a obras públicas, con la condición de que cada jurisdicción asuma el costo de finalizar dichas obras.

Fuentes cercanas a las provincias revelaron a Infobae que esta oferta fue calificada de "miseria", estimando que apenas significaría unos 300 millones de pesos adicionales. El enojo se profundizó al percibir que el Gobierno reconoce el uso discrecional de los ATN sin ofrecer una contrapropuesta.

Ante este panorama, el consenso entre los gobernadores es unánime: empujar su proyecto de ley en el Congreso. Por ahora, Francos no tiene previsto nuevas reuniones con los mandatarios, dejando las negociaciones en manos del equipo económico, que hasta el momento no logra destrabar el conflicto. A pesar de la tensión, se espera que el impulso legislativo por los recursos provinciales sea coordinado, aunque no se prevé que esto afecte de manera homogénea otras votaciones en el Congreso.

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