El juez federal Sebastián Casanello citó al expresidente Alberto Fernández para ampliar su declaración indagatoria hoy a las 10 de la mañana, en el marco de la causa por presunta corrupción relacionada con los contratos de seguros del Estado. La decisión de Casanello se produce luego de una resolución de la Cámara Federal porteña que le ordenó definir la situación procesal de todos los acusados y que, horas antes, había anulado las inhibiciones de bienes sobre el exmandatario, su exsecretaria María Cantero y el esposo de esta, el bróker Héctor Martínez Sosa.

La causa investiga supuestas maniobras defraudatorias por operaciones que superan los 3.000 millones de pesos en comisiones. La imputación contra Alberto Fernández se centra en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se sostiene en un decreto firmado por Fernández durante su presidencia, el cual obligaba a todos los organismos del Estado a contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Este decreto fue posteriormente derogado por la gestión de Javier Milei.

La Justicia federal indaga la participación y el cobro de comisiones por parte de 25 intermediarios o brókers en estos contratos, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y pareja de su exsecretaria privada. También se investiga la función de una cooperativa que, según la acusación, operó como financiera en la presunta maniobra.

En abril, Casanello había dispuesto levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, y solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe detallado de su patrimonio. La hipótesis judicial es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Martínez Sosa.

La investigación de la Justicia apunta a un posible direccionamiento de los contratos, que los investigadores han denominado una "estructura criminal" diseñada para desviar fondos públicos a manos privadas. Aunque el juez Julián Ercolini había interrogado a los implicados previamente, la causa pasó a Casanello a principios de año, quien ahora avanza con la citación del expresidente.

Meses atrás, la Justicia recibió un informe clave de 600 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Este documento, según trascendió, "demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados" involucrados en el caso, incluyendo a Daniel Rodríguez, señalado por muchos como un posible testaferro del expresidente, y al bróker Héctor Martínez Sosa. La ampliación de la indagatoria de Fernández será crucial para la definición de su situación procesal en esta compleja causa.