El presidente Javier Milei ya ha firmado los cuatro
decretos que reformarán las fuerzas federales de seguridad, haciendo uso de las
facultades delegadas por la Ley Bases. Estos documentos, que modificarán las
leyes orgánicas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal, se
publicarán este lunes en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes
oficiales.
Los decretos ya cuentan con el dictamen favorable de la
Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y han pasado por los
equipos técnicos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Asimismo, la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha refrendado los expedientes. Se espera
que el Presidente oficialice la firma de los decretos el lunes a la madrugada
desde la Quinta de Olivos.
Desde la Casa Rosada, el objetivo principal de esta
reestructuración es delimitar las zonas y misiones exclusivas de cada fuerza,
buscando evitar superposiciones en operativos comunes, como la contención de
movilizaciones. Los cambios también contemplan una reestructuración de la
división y cantidad de agentes en cada fuerza, junto a una modernización del
sistema de reclutamiento. El Ministerio de Seguridad planea, además, impulsar
modificaciones en la distribución de efectivos en las provincias y en la Ciudad
de Buenos Aires, especialmente tras las recientes transformaciones en la
Policía Federal Argentina (PFA).
Un modelo inspirado en Estados Unidos
El Poder Ejecutivo ha basado esta reforma en el modelo de
las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, donde cada cuerpo tiene una
asignación especial, capacidades propias y una diferenciación detallada en la
división de operativos. "La intención de la reforma es que cada fuerza
esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra",
explicaron desde el Gobierno.
En este sentido, la Casa Rosada pone la mira en la Guardia
Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la
Guardia Costera (USCG) norteamericanas. De hecho, el oficialismo ya transformó
la Policía Federal Argentina (PFA) en un cuerpo de investigación similar al FBI
de los Estados Unidos, oficializando la creación del Departamento Federal de
Investigaciones (DFI), que cuenta con nuevas atribuciones, como la detención de
personas sin orden judicial por un plazo de diez horas en casos con indicios de
delito.
El Gobierno busca que la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) se transforme en una "policía de transporte", encargándose
únicamente de la seguridad en la infraestructura de trenes, colectivos y
aviones. La meta es que la PSA mantenga su capacidad investigativa y amplíe su
personal, para evitar la necesidad de destinar efectivos de la PFA a los
aeropuertos.
En cuanto a las otras fuerzas, Gendarmería Nacional
mantiene su función de intervenir para "reprimir la alteración del orden
público cuya magnitud sobrepase las posibilidades de control de las fuerzas
policiales, o cuando adquiera las características de guerrilla, en cualesquiera
de sus formas". Por su parte, la Prefectura Naval Argentina sigue a cargo
de la seguridad en mares, ríos, canales y el resto de las aguas navegables del
país, junto a las costas y los puertos bajo jurisdicción nacional.
Esta reestructuración marca un paso significativo en la
política de seguridad del gobierno de Milei, buscando una mayor eficiencia y
especialización en las fuerzas federales.