Una decisión del Gobierno de Córdoba generó un fuerte revuelo en la provincia: la oficialización del pase a retiro obligatorio de Maximiliano Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera, quien se encuentra detenido e imputado como presunto líder de una red delictiva. Esta medida implica que Ochoa Roldán podrá cobrar una jubilación superior a los 4 millones de pesos mensuales, a pesar de permanecer bajo arresto preventivo en el penal de Bouwer.

La resolución, firmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, desvinculó de manera definitiva a Ochoa Roldán de la fuerza policial. Según medios locales y lo detallado en el Boletín Oficial, esta medida podría transformarse en una sanción segregativa más adelante, dependiendo de lo que determinen la Justicia o la investigación administrativa interna.

El beneficio económico que percibirá Ochoa Roldán ha causado indignación en la opinión pública. A diferencia de otros efectivos policiales que enfrentan procesos judiciales y son pasados a situación pasiva, cobrando solo el 30% de su salario hasta la resolución de la causa, el exjefe de la Caminera recibirá el monto íntegro de su jubilación. Este derecho se mantendrá a menos que sea exonerado por una condena firme. "Lo pasamos a retiro, ahora es un tema de la Caja de Jubilaciones. Si la Justicia lo condena y es exonerado, pierde el derecho a seguir cobrando”, explicó el ministro Quinteros a El Doce TV.

Investigación por asociación ilícita

La detención de Ochoa Roldán se produjo días atrás, en un fuerte operativo ordenado por la Justicia de Córdoba. La investigación penal lo señala como el jefe de una supuesta red criminal conformada por otros altos mandos de la fuerza, un suboficial, un civil y su hermano, quien ejerce como abogado. Esta banda habría utilizado información confidencial y recursos internos de la Policía para cometer delitos como coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito y peculado, entre otros.

La pesquisa, a cargo del fiscal Guillermo González, incluyó once allanamientos en diversas localidades de la provincia, como la Ciudad de Córdoba, Unquillo, La Calera, Cosquín, Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda y Salsipuedes. En estos procedimientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, armas de fuego, documentación, dinero y vehículos, que fueron puestos a disposición de la causa judicial.

Según la causa, la red se valía del "perfil" de los cargos estratégicos para obtener datos reservados y negociar con personas involucradas en ocupaciones de terrenos o conflictos judiciales. Prometían soluciones a cambio de pagos extrajudiciales o porcentajes sobre bienes inmuebles.

La investigación se inició a partir de información aportada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien conducía una causa paralela sobre otra banda dedicada a delitos de usurpación y estafas con inmuebles. Ambos expedientes confluyeron al comprobarse el vínculo de un civil con los altos mandos ahora detenidos, incluido Ochoa Roldán. Los pagos exigidos a las supuestas víctimas oscilaban entre el 20% y el 30% del valor de las propiedades, permitiendo "arreglos" judiciales bajo la promesa de favores o reducción de penas.

Entre los otros detenidos en el caso figuran Leonardo Javier Torres (exjefe de asesoría letrada), Martín Darío Heredia (comisario inspector de la Caminera), Jorge Gutiérrez (titular de Protección de Testigos), Dante Gabriel Villalba (suboficial y chofer de Jefatura), el civil Gabriel Burkhard, y Gastón Ochoa Roldán (abogado y hermano del exjefe). El fiscal González aclaró que los casos bajo investigación no tienen relación con la recaudación de multas de tránsito ni con funciones administrativas dentro de la Caminera.