La investigación por el derrumbe ocurrido en el complejo PROCREAR de Parque Patricios sumó nuevos querellantes que pidieron profundizar las pericias y analizar la responsabilidad de la empresa constructora a cargo del proyecto.

Se trata de vecinos y propietarios afectados por el colapso de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros, que se desprendió sobre el estacionamiento del edificio y destruyó al menos 65 vehículos.

El expediente tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31, bajo la figura de estrago culposo.

Sospechas sobre posible alteración de la escena

Los damnificados solicitaron que se investigue a la firma Sudamericana SA (COSUD), responsable de la obra, así como a sus directivos, técnicos y a los organismos de control que intervinieron en el proyecto.

En sus presentaciones judiciales, los querellantes advirtieron sobre una presunta alteración del lugar del derrumbe. Según indicaron, una retroexcavadora habría ingresado al área del colapso cuatro días después del hecho, cuando el edificio aún se encontraba evacuado.

De acuerdo con los denunciantes, la utilización de maquinaria pesada pudo haber modificado el escenario del accidente y afectar elementos clave para la investigación.

Reclamos de pericias y acceso a documentación

Entre las medidas solicitadas a la Justicia, los vecinos pidieron una pericia técnica independiente para determinar si existían riesgos estructurales previos y si el derrumbe pudo haberse evitado.

También reclamaron acceso a documentos vinculados con la obra, como planos, cálculos estructurales y registros del libro de obra.

Además, solicitaron preservar imágenes de cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonios de vecinos y testigos que estuvieron en el lugar durante el incidente.

La fiscalía ya ordenó peritajes

Desde la fiscalía informaron que el mismo día del derrumbe se dispusieron pericias técnicas a cargo de Bomberos y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Los estudios buscan determinar las causas del colapso, evaluar si existían fallas en la estructura y analizar posibles incumplimientos en la ejecución de la obra.

Asimismo, se requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información vinculada a habilitaciones, inspecciones y documentación técnica del proyecto.

Pedido de embargo a la empresa

Los querellantes también solicitaron la inhibición general de bienes de la constructora COSUD, con el objetivo de garantizar eventuales indemnizaciones para los afectados.

Sin embargo, la fiscal rechazó por el momento esa medida al considerar que la causa se encuentra en una etapa inicial, aunque no descartó adoptarla si la investigación lo requiere.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia busca determinar si el derrumbe fue consecuencia de una falla estructural, un error en la obra o incumplimientos en los controles técnicos.

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