La investigación judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo.

El juez Diego Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas y confirmó que ambos dirigentes deberán declarar esta semana en el expediente que analiza una presunta evasión vinculada a aportes y tributos retenidos.

De esta manera, el magistrado ratificó el cronograma de indagatorias: Toviggino fue citado para el 11 de marzo, mientras que Tapia deberá presentarse al día siguiente.

Los argumentos del juez

Las defensas de los dirigentes habían solicitado suspender las declaraciones indagatorias al sostener que no existía delito y que todavía quedaba pendiente una resolución de la Cámara sobre un recurso presentado en el proceso.

Sin embargo, Amarante consideró que esa situación no impide continuar con la investigación. Según explicó en su resolución, la existencia de un recurso en trámite ante la instancia superior no constituye por sí sola un obstáculo legal para avanzar con la instrucción.

El juez también señaló que los planteos presentados por los abogados se basaban en diferencias sobre el momento en que se dispuso la indagatoria, pero no demostraban una vulneración del derecho de defensa ni una violación de garantías constitucionales que justificara anular las actuaciones.

La denuncia y el monto investigado

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que además interviene como querellante.

La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin transferirlos al Estado dentro de los plazos establecidos.

Entre los conceptos bajo análisis aparecen retenciones vinculadas al IVA, el impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

Los períodos bajo análisis

La investigación abarca movimientos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En la denuncia original se señalaba que el monto no depositado superaba los 7.593 millones de pesos. Posteriormente, se agregaron nuevas sumas que elevaron el total investigado a más de 19.300 millones.

Según el organismo recaudador, el dinero retenido corresponde a fondos que pertenecen al Estado desde el momento mismo en que se efectúa la retención, por lo que su falta de depósito dentro de los plazos legales podría configurar una apropiación indebida de recursos públicos.

Qué penas prevé la ley

La figura penal investigada contempla sanciones de entre dos y seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen al fisco los tributos retenidos dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, siempre que el monto mensual supere los 100.000 pesos.

Con la decisión judicial de rechazar los planteos de nulidad, la causa continuará su trámite y se espera que las declaraciones indagatorias de los directivos marquen el próximo paso clave del proceso.

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