Los tenedores de bonos atados al PBI presentaron este lunes una nueva demanda contra Argentina, esta vez ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. El reclamo asciende a U$S 1.443 millones en concepto de indemnización que el Gobierno aún no ha pagado, a pesar de que los bonistas ya obtuvieron sentencias favorables en los tribunales británicos.

Fallo británico ignorado y nuevas acciones legales

La acción legal en Estados Unidos busca que la justicia norteamericana reconozca y haga cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Londres, un fallo que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema británica. Según denunciaron los bonistas, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, "a pesar de no contar con más vías de apelación, Argentina no ha presentado a los demandantes ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le fueron acercadas".

Hasta el momento, solo se ha ejecutado una garantía de unos U$S 325 millones que el país había depositado en marzo de 2024 para apelar sin éxito. Sin embargo, todavía restan por cancelar aproximadamente U$S 1.150 millones. Fuentes oficiales han indicado que este es el quinto litigio más relevante para el país en términos del monto a pagar.

El origen del conflicto: Cambio en el cálculo del PBI

La disputa se origina en el bono atado al PBI, un instrumento financiero creado en el canje de deuda de 2005. Este bono establecía que Argentina debía pagar intereses a los bonistas si su economía crecía anualmente más del 3%, hasta el año 2035. Argentina no realiza estos pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.

La base de la demanda se centra en un cambio realizado por el INDEC durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner sobre el cálculo del nivel de la economía argentina. Al actualizar la base de cálculo del PBI (que era de 1993), la estimación del PBI de 2013 resultó menor a la que se proyectaba con la metodología anterior. Esto llevó a que el INDEC informara un crecimiento menor al 3,22% en ese año, cuando con la base de 1993 se habría registrado un 4,9%. En aquel momento, el gobierno kirchnerista se ahorró el pago de más de U$S 3.600 millones en intereses, lo que desencadenó los litigios con los inversores.

Los abogados de los bonistas advirtieron que un "acceso efectivo" a los mercados internacionales, objetivo explícito del programa con el FMI, no será posible mientras el país continúe incumpliendo las sentencias emitidas por la justicia inglesa.