Un grupo de influyentes organizaciones internacionales, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y WAN-IFRA, han emitido un comunicado conjunto expresando su "grave preocupación" por el "acelerado deterioro" de la libertad de prensa en El Salvador. Las entidades denuncian que el país centroamericano atraviesa una de las etapas más críticas para el ejercicio periodístico desde el fin del conflicto armado, con un registro sin precedentes de desplazamientos forzados de periodistas, hostigamientos y un entorno marcado por la autocensura y el temor.

Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al menos cuarenta profesionales de la prensa han abandonado el país "como resultado de un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias al ejercicio periodístico". La situación se agrava ante la circulación de información que sugiere "se preparan capturas y operativos policiales en contra de periodistas y personas defensoras", intensificando la crisis.

En el último mes, se han registrado más de una docena de casos de movilización preventiva y forzada de periodistas por temor a una detención arbitraria o amedrentamiento por parte de cuerpos de seguridad. Esta cifra es alarmante, pues se acerca al total de trece desplazamientos registrados durante todo el año 2024.

El comunicado conjunto señala que este contexto de represión institucional está "dirigido a quienes ejercen su labor crítica y de responsabilidad", con denuncias reiteradas de "acoso, trabas a la libre labor informativa, difamación y fallas de transparencia". Esta situación ha generado "una profunda crisis de libertad de expresión y ha sembrado un clima de temor generalizado que afecta incluso a las familias de los periodistas exiliados". Las organizaciones firmantes también advierten que los mecanismos de represión se han diversificado, incluyendo el uso de herramientas digitales de vigilancia habilitadas por la Ley de Delitos Informáticos y procesos de judicialización de periodistas y críticos, considerados parte de una estrategia estatal para acallar voces independientes.

La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros es vista como "una amenaza directa" a la libertad de prensa, ya que impone "restricciones severas" al financiamiento y puede ser utilizada como herramienta de persecución contra los periodistas.

Las organizaciones firmantes exigieron al gobierno de Nayib Bukele "garantizar la integridad física y la libertad de todos los periodistas, y cesar inmediatamente cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación". Asimismo, solicitaron a su gabinete aclarar de inmediato las denuncias de la APES sobre listas de vigilancia y amenazas de captura contra periodistas y defensores de derechos humanos, reclamando investigaciones transparentes y públicas.

De acuerdo con cifras de la APES, en 2024 se documentaron 789 agresiones contra la prensa, lo que representa un aumento del 154% respecto a 2023. La mayor parte de estos ataques se atribuye a instituciones estatales, altos funcionarios y autoridades públicas, incluyendo elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador.

Entre los casos recientes, se mencionan las capturas arbitrarias de la abogada anticorrupción Ruth López, el abogado Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Ángel Pérez, todos considerados ejemplos de la escalada autoritaria por parte del Ejecutivo y el Ministerio Público.

"No puede haber seguridad si se persigue y criminaliza a toda aquella persona que no aplaude las medidas del Gobierno. La Fiscalía y la Policía deben dejar de prestarse a la persecución de voces críticas y cesar su monitoreo de personas defensoras o periodistas", concluye el escrito, que también insta a la comunidad internacional a "continuar monitoreando de cerca la situación del ejercicio de la profesión en El Salvador e incrementar la cooperación y la solidaridad con los y las periodistas en riesgo".