El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó una iniciativa para que el Gobierno argentino deje sin efecto dos acuerdos con Chile que otorgan beneficios tributarios a empresas de ese país. La propuesta surgió tras el anuncio de la reanudación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo formalice la salida de los convenios mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el legislador, la decisión apunta a revisar las ventajas económicas concedidas a compañías chilenas mientras se profundiza la controversia por las actividades comerciales vinculadas con el archipiélago.

Qué acuerdos busca dejar sin efecto el proyecto

La iniciativa plantea denunciar dos instrumentos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Uno es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342.

El segundo es el convenio destinado a evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, además de prevenir la evasión y la elusión fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Estos acuerdos establecen condiciones tributarias para determinadas rentas obtenidas por empresas chilenas en Argentina, incluidos pagos vinculados con dividendos, intereses y regalías. Si la propuesta avanzara y se concretara la salida de ambos instrumentos, cambiaría el marco de beneficios impositivos previsto en ellos.

Denunciar un tratado significa comunicar formalmente la decisión de retirarse de ese acuerdo. Ese procedimiento no implica, por sí mismo, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los países.

La ruta entre Punta Arenas y Malvinas, en el centro de la polémica

Michel vinculó su iniciativa con la reanudación de la conexión comercial entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas. Según el planteo citado en el proyecto, el buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, tiene prevista una navegación en noviembre para abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.

“El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó el diputado.

El legislador considera que la cooperación logística vinculada con esas operaciones debe tener consecuencias en la relación económica bilateral. Su iniciativa busca trasladar esa postura al régimen de inversiones y tributación que beneficia a compañías chilenas con actividad en territorio argentino.

El argumento sobre la soberanía argentina

En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

También cuestionó las actividades económicas y de explotación de recursos naturales que Londres promueve o autoriza en áreas sujetas a esa controversia sin consentimiento argentino.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, sostuvo.

El proyecto menciona, además, la Ley 26.659 y su modificación mediante la Ley 26.915. Esas normas establecen prohibiciones y sanciones para personas y empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.

Qué consecuencias tendría para las empresas chilenas

La eventual salida de los acuerdos modificaría las condiciones tributarias aplicables a determinadas inversiones y rentas de empresas chilenas en Argentina. El alcance efectivo dependería de las reglas de terminación de cada instrumento y de las disposiciones fiscales que resulten aplicables.

Michel sostuvo que la política de defensa de los derechos soberanos debe incluir también las herramientas económicas y tributarias, además de las medidas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en zonas en disputa.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, afirmó.

Y agregó: “El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”.

La propuesta deberá avanzar en el ámbito legislativo y, si obtiene respaldo, requerirá la intervención del Poder Ejecutivo para formalizar la denuncia de los acuerdos. Hasta entonces, los convenios continúan vigentes y los beneficios contemplados en ellos no quedan eliminados por la sola presentación del proyecto.

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