La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Gobierno nacional que mantenga la emergencia en discapacidad hasta que exista una nueva ley sancionada y reglamentada. También pidió revisar distintos puntos del Presupuesto 2027 que, según advirtió, podrían perjudicar al sector.

El planteo fue presentado este lunes durante una reunión entre representantes de la Iglesia y funcionarios del Ministerio de Salud, donde los referentes religiosos entregaron un documento con sus principales “inquietudes y propuestas”.

El pedido ante el vencimiento de la emergencia

La Iglesia advirtió sobre el vencimiento de la emergencia en discapacidad previsto para el 31 de diciembre. Consideró que existe “un serio riesgo” de que el Congreso no complete el tratamiento legislativo antes de esa fecha.

En Diputados, el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría con 42 firmas para avanzar hacia un esquema permanente, mientras que la oposición reunió 36 firmas para extender la emergencia vigente.

La CEA sostuvo que una nueva legislación puede incorporar mejoras, pero cuestionó que su aprobación implique cerrar anticipadamente la emergencia o “reducir derechos adquiridos”.

Reclamos por prestaciones y actualización de aranceles

Entre los pedidos también apareció la compensación correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Según el documento, ese ajuste representa una actualización del 30,67% que debía incorporarse a la base arancelaria desde enero de 2025.

La Iglesia señaló que esa actualización no fue trasladada al sistema y que las prestaciones continúan enfrentando un desfasaje respecto de los costos reales.

Además, reclamó que se concrete el estudio de costos previsto por la legislación y que se avance con las medidas destinadas a que ARCA pueda condonar intereses y multas a los prestadores.

Cuestionamientos al Presupuesto 2027

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027. La CEA pidió revisar esas disposiciones porque, según planteó, “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos” de las personas con discapacidad.

El documento también pidió que durante el proceso legislativo sean escuchadas las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y profesionales, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Iglesia sostuvo además que cualquier modificación del sistema debe respetar el principio de no regresividad, es decir, evitar medidas que impliquen un retroceso en derechos ya reconocidos.

La preocupación por las pensiones

La situación de las pensiones por discapacidad fue otro de los temas incluidos en el planteo. La CEA señaló que existen más de 200.000 trámites pendientes, mientras que durante los últimos tres años se habrían otorgado menos de 10.000 pensiones.

“Los tiempos administrativos no son neutros”, sostuvo la Iglesia al advertir que las demoras tienen consecuencias concretas sobre la autonomía de las personas y el acceso a otros derechos.

El documento también incorporó una referencia al papa León XIV y a su encíclica Magnifica Humanitas. Desde la Pastoral Social remarcaron que el acceso a la salud y a los apoyos necesarios para una vida digna no debería quedar condicionado por “variables de ajuste económico”.

Crearon una mesa de diálogo

Tras la reunión, los representantes religiosos calificaron el encuentro como “respetuoso y constructivo” y anunciaron la creación de una mesa de diálogo para continuar abordando los problemas del sector.

Por la CEA participaron monseñor Raúl Pizarro, Fernando Barilatti, el padre Aníbal Quevedo y María Bayá Casal. En representación del Gobierno estuvieron Roberto Olivieri, Rodrigo Sbarra y Roberto Moro.

El próximo paso estará vinculado con la discusión legislativa de la emergencia y del Presupuesto 2027, mientras el sector de discapacidad espera definiciones sobre las prestaciones, los aranceles y las pensiones antes del vencimiento del actual marco de emergencia.

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