El Senado de la Nación convirtió en ley un nuevo régimen de
discapacidad que garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas,
establece actualizaciones para proteger su poder adquisitivo y mantiene la
cobertura de prestaciones médicas. La votación fue unánime, con 71 votos
afirmativos y ninguno en contra.
La norma busca reemplazar el esquema de emergencia que
vence el 31 de diciembre y establecer reglas permanentes para las personas con
discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios.
Entre los puntos centrales se encuentran el mantenimiento
del nomenclador universal, los aranceles unificados y la actualización de los
ingresos de los beneficiarios de acuerdo con la inflación.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
Uno de los aspectos principales del texto aprobado es la
continuidad de las pensiones no contributivas, que tendrán un valor equivalente
al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo
la principal herramienta para acreditar la condición y acceder a los beneficios
contemplados por el régimen.
Además, se conservará la compatibilidad entre el cobro de
una pensión y el empleo registrado. Esto significa que las personas con
discapacidad podrán trabajar formalmente sin perder automáticamente el
beneficio, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y
móviles.
La legislación también garantiza el acceso a las
prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901, mediante el Programa
Incluir Salud.
Actualización de prestaciones y protección
frente a la inflación
Otro de los puntos centrales es el mantenimiento del
nomenclador universal y del arancel unificado para las prestaciones destinadas
a personas con discapacidad.
El objetivo es establecer valores comunes para los
servicios y evitar diferencias en los pagos que reciben los prestadores del
sistema.
La ley también establece que el Gobierno deberá garantizar
que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo en comparación con
el año anterior.
Para financiar estas obligaciones, se contemplan partidas
específicas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. En caso de que los
recursos resulten insuficientes, se prevén compensaciones provenientes del
Tesoro nacional.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva normativa incorpora mecanismos de fiscalización
más estrictos para verificar que los beneficios lleguen a quienes cumplen con
los requisitos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo
auditorías periódicas y podrá cruzar información con organismos como ANSES,
ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
(SINTyS).
Ante la detección de incumplimientos objetivos, podrá
disponerse la suspensión preventiva de una prestación.
Sin embargo, la legislación establece garantías para los
beneficiarios: deberán recibir una notificación y contar con un procedimiento
que contemple la posibilidad de recuperar provisoriamente el beneficio mientras
se resuelve su situación.
Qué pasará con las deudas a los prestadores
La ley también incorpora una disposición destinada a
resolver los pagos pendientes con instituciones y profesionales que brindan
servicios a personas con discapacidad.
Si existen deudas acumuladas al momento de la entrada en
vigencia de la norma, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de
cancelación dentro de los primeros 30 días.
Además, establece un plazo máximo de 90 días para completar
esos pagos.
Durante el debate, el senador Pablo Bensusán advirtió sobre
la importancia de controlar el cumplimiento de estas obligaciones y el
funcionamiento de las futuras auditorías.
Los cuestionamientos y las advertencias durante
el debate
Aunque la iniciativa consiguió el respaldo de todos los
integrantes de la Cámara alta presentes en la votación, durante la discusión
aparecieron diferencias sobre su implementación y financiamiento.
La senadora Alicia Kirchner manifestó preocupación por la
capacidad operativa de las oficinas de ANSES encargadas de ejecutar las
medidas. En ese sentido, señaló que existen 427 centros en todo el país y puso
en duda que puedan responder adecuadamente a las nuevas exigencias.
También hubo advertencias sobre los recursos necesarios
para sostener el sistema. El senador Guillermo Andrada mencionó estimaciones de
la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubicaron el costo fiscal en $600.000
millones para 2026.
Por su parte, Agustín Monteverde, integrante del
oficialismo, hizo referencia a una proyección de $1,2 billones para 2027.
La senadora radical Mariana Juri pidió que el Presupuesto
del próximo año contemple los fondos necesarios para garantizar la aplicación
de la ley.
Qué falta para que la norma se aplique
El proyecto recibió 71 votos afirmativos y ninguno
negativo, con lo que quedó sancionado por el Congreso. Ahora resta la
intervención del Poder Ejecutivo, que deberá avanzar con su reglamentación y
puede disponer vetos parciales o totales.
Durante el debate, el senador Agustín Monteverde defendió
la necesidad de abandonar el sistema de emergencia y sostuvo: “La única forma
de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad”.
La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta también destacó el
acuerdo alcanzado y afirmó: “La discapacidad no tiene color político. Podemos
seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione
de forma permanente”.
La implementación efectiva, la disponibilidad de fondos y
el cumplimiento de los plazos para regularizar las deudas serán los principales
puntos a seguir. Para las personas con discapacidad y sus familias, el desafío
será que las garantías aprobadas se traduzcan en prestaciones, cobertura y
pagos concretos.
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