El Gobierno argentino se prepara para avanzar con una nueva medida internacional contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Tras el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido para detener las actividades del proyecto Sea Lion, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales para impedir que el emprendimiento continúe avanzando.

La iniciativa apunta a preservar los derechos que la Argentina considera afectados por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La primera producción comercial está proyectada para 2028, mientras que las tareas de desarrollo y preparación de los pozos están previstas para avanzar antes de esa fecha.

La presentación judicial todavía no tiene un día confirmado. La estrategia oficial contempla dos vías: un arbitraje internacional para discutir el fondo de la controversia y una solicitud urgente que podría obtener una respuesta antes de que concluya ese proceso.

Qué busca el Gobierno ante el Tribunal del Mar

El presidente Javier Milei anunció el 28 de septiembre que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje contra el Reino Unido, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En esa oportunidad, el mandatario afirmó: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”.

Milei también había anticipado cuál sería el siguiente paso si Londres no respondía al reclamo argentino: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

El canciller Pablo Quirno quedó a cargo de impulsar la estrategia diplomática y jurídica. La administración nacional sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área se desarrollan sin autorización argentina y que podrían afectar sus derechos sobre los recursos naturales.

Cómo funciona el pedido de medidas provisionales

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, puede intervenir en determinadas circunstancias antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la disputa principal.

El artículo 290 de la CONVEMAR contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales cuando se cumplen los requisitos de competencia y existe una situación que requiere una respuesta urgente. El objetivo es preservar los derechos de las partes mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

La Argentina deberá fundamentar por qué considera necesario detener o restringir las actividades vinculadas con Sea Lion. Los jueces tendrán que evaluar los argumentos jurídicos y determinar si corresponde dictar medidas preventivas.

El vencimiento del plazo diplomático no implica que el Tribunal deba intervenir automáticamente. Para que exista una decisión, la Cancillería debe formalizar la solicitud y cumplir con las condiciones procesales correspondientes.

Sea Lion: el proyecto petrolero que genera la disputa

El emprendimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y ya cuenta con inversiones comprometidas. La primera etapa contempla once pozos submarinos y una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar petróleo.

La operación está a cargo de Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, empresa británica que tiene el 35% restante.

Las compañías tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase. El plan contempla una capacidad de producción estimada de alrededor de 55.000 barriles diarios, mientras que la primera extracción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.

El desarrollo también incluye preparativos para ampliar las operaciones mediante otra unidad flotante. Estas inversiones constituyen uno de los factores que explican la urgencia que el Gobierno argentino atribuye a su reclamo.

Los antecedentes internacionales que analiza la Argentina

La estrategia contempla antecedentes en los que tribunales internacionales adoptaron medidas preventivas antes de resolver una controversia de fondo.

Uno de los casos argentinos más conocidos es el de la Fragata Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquella oportunidad, la Argentina acudió al Tribunal del Derecho del Mar y consiguió una orden para que el buque de guerra fuera liberado de inmediato y sin condiciones.

También existe un antecedente relacionado con la explotación de hidrocarburos. En una controversia entre Costa de Marfil y Ghana, una instancia especial del Tribunal dispuso restricciones sobre nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el procedimiento, con el propósito de proteger los derechos en discusión.

Sin embargo, ambos casos tienen diferencias jurídicas con la disputa por Malvinas. La Argentina deberá demostrar que el Tribunal puede intervenir sobre las obligaciones marítimas involucradas sin que eso implique resolver directamente la soberanía territorial del archipiélago.

El principal desafío jurídico del reclamo

La posición argentina se apoya, entre otros elementos, en las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

La Resolución 2065, aprobada en 1965, instó a ambos países a negociar una solución. Diez años después, la Resolución 31/49 pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General.

La Cancillería también podría invocar disposiciones de la CONVEMAR relacionadas con la protección del medio marino y la obligación de evitar acciones que dificulten una solución definitiva de las controversias marítimas.

No obstante, la competencia del Tribunal tiene límites: no está facultado para resolver de manera general quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas. Por eso, el planteo deberá centrarse en los derechos y obligaciones establecidos por la Convención.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Si la presentación se formaliza durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, aunque no existe un plazo automático que garantice esa fecha. El Tribunal deberá analizar la urgencia del pedido y la base jurídica de la intervención solicitada.

Una eventual decisión favorable podría establecer restricciones provisionales sobre determinadas actividades mientras avanza el arbitraje. También existe la posibilidad de que los jueces rechacen el planteo o dispongan medidas de alcance más limitado.

El Gobierno busca impedir que el desarrollo petrolero avance hasta un punto que, según su postura, pueda perjudicar los derechos argentinos sobre los recursos naturales. La controversia continuará por la vía diplomática y judicial, sin que una eventual medida provisional implique una resolución definitiva sobre la soberanía de Malvinas.

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