La Justicia Federal rechazó por el momento suspender la desregulación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y mantuvo vigente el régimen establecido por el DNU 70/2023.

La decisión fue tomada por el juez Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ante una presentación realizada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

Los legisladores habían solicitado una medida cautelar interina para frenar los efectos de la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

El Gobierno tendrá cinco días para responder

El magistrado consideró que no estaban acreditadas circunstancias “graves y objetivamente impostergables” que justificaran una suspensión inmediata antes de escuchar al Estado Nacional.

Por ese motivo, rechazó la medida de urgencia, pero no cerró el reclamo judicial. El expediente continuará y la Procuración del Tesoro deberá presentar, en un plazo de cinco días hábiles, un informe sobre la posición del Gobierno y el interés público involucrado.

Una vez incorporada esa respuesta, el juez deberá resolver sobre la medida cautelar de fondo solicitada por los diputados.

Pichetto había pedido que el plazo para responder fuera reducido a dos días debido al riesgo que, según planteó, supone la posibilidad de que se concreten nuevas operaciones mientras avanza la causa.

Qué cambió con el DNU 70/2023

La Ley 26.737 establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, derogó esa normativa y eliminó las limitaciones que formaban parte del régimen anterior.

Pichetto y Massot sostienen que esa modificación permite avanzar con operaciones sobre campos y otros territorios rurales sin los límites que establecía la legislación derogada.

En su presentación judicial plantearon que la tierra rural y los recursos hídricos deben ser considerados bienes colectivos y cuestionaron que una modificación de ese alcance pueda realizarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

El antecedente de la Corte Suprema

El reclamo de los diputados llegó después de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el 29 de septiembre dejó sin efecto un fallo de la Cámara Federal de La Plata relacionado con la Ley de Tierras.

En aquella causa, iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la Cámara había declarado inconstitucional la derogación de la norma.

Sin embargo, el máximo tribunal no analizó la constitucionalidad del DNU. La Corte rechazó la demanda porque consideró que la organización que había iniciado el expediente no tenía legitimación para intervenir judicialmente en ese caso.

Ese escenario abrió la puerta a nuevas presentaciones, entre ellas la impulsada por Pichetto y Massot.

Qué pidieron Pichetto y Massot

Además de solicitar la suspensión de la derogación de la Ley de Tierras, los diputados propusieron medidas alternativas para preservar información y limitar los efectos de eventuales operaciones durante el litigio.

Entre sus pedidos incluyeron conservar los registros del Registro Nacional de Tierras Rurales, informar periódicamente al juzgado sobre operaciones realizadas con compradores extranjeros y publicar una advertencia en el Boletín Oficial sobre la existencia del proceso judicial.

El objetivo, según argumentaron, es evitar que las operaciones realizadas mientras se discute el régimen generen situaciones que luego sean difíciles de revertir.

La advertencia de Pichetto

Tras conocerse la resolución, Pichetto cuestionó públicamente la decisión judicial y sostuvo que el paso del tiempo puede favorecer la concreción de operaciones inmobiliarias.

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, expresó el diputado en una publicación en X.

También consideró que el rechazo de la cautelar preventiva podría anticipar dificultades para el planteo judicial: “Estamos frente a una situación de gravedad institucional”, afirmó.

Antes de resolver, el juzgado había solicitado además la opinión de la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de Fabián Omar Canda. El fiscal recomendó habilitar la instancia y confirmó la competencia del fuero federal para intervenir.

El debate también llegará al Congreso

La discusión judicial se desarrolla en paralelo al debate político sobre el DNU 70/2023.

Diputados de distintas bancadas solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre, en la que buscarán avanzar con la derogación del decreto y, de esa manera, revertir también algunas de las reformas introducidas por esa norma.

Por ahora, la Justicia decidió no frenar de manera preventiva la vigencia del régimen. El próximo paso será la presentación del informe del Gobierno y, posteriormente, la decisión del juez sobre la cautelar solicitada.

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