La eliminación del subsidio al diésel en Bolivia abrió un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Rodrigo Paz. Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales rechazaron el aumento y comenzaron a definir posibles medidas de protesta.

El Decreto Supremo 5716 estableció que el litro de diésel pase de 9,80 a 17,95 bolivianos, lo que representa un incremento cercano al 83%. El nuevo esquema vincula el valor del combustible con los precios internacionales.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia, mientras que los principales gremios del transporte anunciaron reuniones para analizar paros, bloqueos y otras acciones de presión.

Los transportistas exigen revertir el aumento

La Confederación de Choferes de Bolivia declaró su rechazo a la medida y reclamó que el Gobierno deje sin efecto el decreto que modificó el precio del combustible.

Víctor Tarqui, dirigente nacional del sector, sostuvo que los nuevos valores son difíciles de afrontar para los trabajadores. “No vamos a poder pagar ese precio, porque ¿cuánto tendría que pagar el usuario?”, planteó.

El dirigente agregó que el incremento terminaría trasladándose al costo del transporte y afectando a los pasajeros. El gremio definirá en un ampliado nacional si avanza con un paro o con cortes de ruta.

Los cisterneros también anunciaron medidas: su organización informó que podría suspender la carga y descarga de combustible hasta alcanzar una solución con las autoridades.

La reacción de los trabajadores

La COB también cuestionó la decisión del Ejecutivo y convocó a una reunión nacional para establecer una posición común frente al nuevo precio del diésel.

Los docentes urbanos se sumaron al rechazo. Miriam Ayala, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, afirmó que la oposición a la medida es “contundente” y cuestionó que “toda la crisis económica se recargue en las espaldas del pueblo”.

Otros sectores, entre ellos organizaciones campesinas y cooperativas mineras, advirtieron que el encarecimiento del combustible puede aumentar los costos del transporte y de la producción.

El Gobierno defiende el fin del subsidio

El Ejecutivo de Paz sostiene que mantener la subvención resultaba insostenible para las cuentas públicas y que la modificación busca terminar con los problemas de abastecimiento que afectaron al país durante los últimos años.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla un programa de estabilización económica y un financiamiento de USD 1.900 millones. La eliminación de los subsidios a los combustibles forma parte de las medidas comprometidas dentro de ese proceso.

El Gobierno también sostiene que el nuevo esquema permitirá mejorar el abastecimiento y reducir el costo fiscal de la importación de combustibles. El presidente Paz anunció además un paquete de medidas destinadas a amortiguar el impacto sobre los sectores de menores ingresos.

Entre ellas figura un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos, que será pagado en tres cuotas bimestrales. La gasolina, en tanto, continuará subsidiada hasta fin de año y el Gobierno prevé eliminar ese beneficio en enero de 2027.

El aumento ya impacta en el transporte y los precios

El cambio comenzó a repercutir en distintas actividades económicas. En algunas regiones, organizaciones de transportistas suspendieron servicios o evaluaron nuevas tarifas debido al incremento del combustible.

También surgieron advertencias por el posible traslado del mayor costo logístico a los alimentos. Comerciantes consultados por distintos medios bolivianos señalaron aumentos en productos básicos durante los primeros días de aplicación del nuevo precio.

Al mismo tiempo, la empresa estatal YPFB aseguró que la gasolina mantiene su precio y que existe combustible suficiente para atender la demanda. La compañía pidió evitar especulaciones que puedan generar compras masivas o aglomeraciones en las estaciones de servicio.

Un nuevo conflicto en medio del estado de excepción

La discusión ocurre mientras Bolivia continúa bajo un estado de excepción, prorrogado recientemente por otros 90 días ante el riesgo de nuevos bloqueos y movilizaciones. La medida establece restricciones para determinadas concentraciones y bloqueos de rutas.

El antecedente inmediato son las protestas y bloqueos registrados entre mayo y julio, que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos y provocaron importantes pérdidas económicas.

Ahora, los ampliados de la COB y de los transportistas deberán definir si el rechazo al nuevo precio del diésel se transforma en movilizaciones concretas. El Gobierno, mientras tanto, busca sostener el programa económico y evitar que el ajuste vuelva a generar interrupciones en las rutas y en el abastecimiento del país.

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