El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en Pisco y San Andrés, dos distritos de la provincia de Pisco, en la región de Ica, ante el avance de distintos delitos y hechos de violencia.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 132-2026-PCM, publicado el 19 de septiembre, y contempla un despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El decreto señala que la decisión busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones que afectan el orden interno y la seguridad ciudadana en la zona.

Qué cambia durante el estado de emergencia

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas participarán en tareas de apoyo. Las intervenciones deberán realizarse bajo las normas que regulan el uso de la fuerza.

Durante los 60 días podrán restringirse o suspenderse cuatro derechos constitucionales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Además, las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos públicos de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Las reuniones que no sean masivas podrán realizarse sin ese permiso.

Homicidios y extorsiones, entre los motivos

La solicitud para aplicar el régimen excepcional fue presentada por la Comandancia General de la Policía, a partir de informes de organismos de seguridad de la región de Ica.

La documentación oficial menciona una afectación del orden interno vinculada con homicidios, extorsiones y otras modalidades delictivas, además de situaciones de violencia registradas en ambos distritos.

El decreto también dispone la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por el jefe de la Región Policial Ica, para organizar las acciones de las fuerzas que participarán del operativo.

Un comando coordinará los operativos

El nuevo esquema integrará a efectivos de la Policía, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal de Pisco y San Andrés, además de representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y autoridades locales.

El comando tendrá entre sus funciones establecer objetivos, coordinar patrullajes y operativos, analizar información de inteligencia y evaluar los resultados de las medidas implementadas.

Las autoridades deberán realizar un seguimiento permanente de la situación de seguridad durante la vigencia del estado de emergencia, mientras los comités creados por el decreto reportarán diariamente sus acciones al comando central.

El nuevo régimen comenzó a regir con la publicación del decreto y tendrá una duración inicial de 60 días. Durante ese período, el Gobierno buscará reducir los índices de criminalidad mediante operativos coordinados y un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad.

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