El gobierno de Bolivia prepara un decreto para prolongar durante otros 90 días el estado de excepción que rige desde junio, en un intento por evitar una nueva escalada de protestas y bloqueos de rutas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que la propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde deberá ser analizada antes del vencimiento de la medida, previsto para dentro de seis días.

“Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción”, afirmó el funcionario. También sostuvo que existe “un gran consenso ciudadano” y respaldo parlamentario para avanzar con la prórroga.

La Constitución establece que, una vez finalizado un estado de excepción, no puede decretarse otra medida similar durante un año, salvo que exista una autorización expresa de la Asamblea. Por ese motivo, el Ejecutivo necesita el aval legislativo.

El antecedente de los bloqueos

El actual estado de excepción fue decretado el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, luego de semanas de bloqueos que afectaron distintas regiones del país.

Las protestas se extendieron durante 53 días entre mayo y julio y estuvieron protagonizadas por organizaciones campesinas y sindicales, con participación de sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

Los manifestantes reclamaban, entre otros puntos, la salida de Paz del poder. El conflicto dejó al menos 16 muertos, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3.000 millones de dólares.

Según el gobierno, la medida permitió recuperar el tránsito en las rutas y contener una situación que había paralizado parte de la actividad económica.

Crecen las advertencias de nuevas movilizaciones

La posibilidad de nuevos conflictos sociales volvió a instalarse por la escasez de combustible y dólares, dos problemas que presionan sobre los precios y complican la actividad económica.

Entre los sectores que anticiparon reclamos aparecen transportistas, vendedores informales, docentes y productores de coca, además de otras organizaciones sociales.

La comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ya respaldó la extensión por 90 días. El proyecto deberá ser tratado por el pleno de Diputados y posteriormente será analizado en una sesión conjunta de ambas cámaras.

El oficialismo defiende la continuidad de la medida. La diputada Claudia Bilbao sostuvo: “La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron la eficacia del estado de excepción. La diputada Elena Pachucute afirmó: “No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”.

La presión económica condiciona al gobierno

El sector empresarial también reclama que se mantenga la medida y pidió una legislación de alcance nacional que limite los cortes de rutas.

Hasta ahora, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz aprobó una norma de este tipo, aunque su aplicación está restringida a ese departamento.

La eventual prórroga coincidiría además con otro momento delicado para la economía boliviana. El gobierno anunció que hacia fin de año eliminará completamente el subsidio a los carburantes, una decisión vinculada al fuerte costo fiscal que representa.

La eliminación del subsidio también forma parte de las condiciones asociadas a un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El beneficio ya había comenzado a reducirse meses atrás.

Rodrigo Paz enfrenta un escenario complejo

El presidente boliviano también enfrenta problemas heredados de administraciones anteriores, entre ellos la caída de la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles, falta de divisas e inflación.

En ese contexto, el gobierno busca evitar que las dificultades económicas vuelvan a traducirse en bloqueos y movilizaciones masivas.

La analista Jimena Costa cuestionó la estrategia oficial y sostuvo que “el gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”.

La decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa. Si el Parlamento aprueba la iniciativa, el estado de excepción continuará vigente hasta fin de año, en paralelo con un escenario económico y social que podría volver a generar presión sobre el gobierno de Paz.

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