Una denuncia penal presentada ante la Justicia argentina apunta contra siete empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur con permisos otorgados por la administración británica de las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por abogados de la organización Reset Republicano ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7. Las firmas fueron acusadas de extraer recursos pesqueros sin contar con autorización de las autoridades argentinas.

Los denunciantes sostienen que las compañías podrían haber incurrido en el delito de contrabando al operar en áreas que la Argentina considera parte de su territorio marítimo.

Las empresas denunciadas

La presentación alcanza a Lanzal, vinculada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, asociada a Argos Group Ltd.; Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid; Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, asociada a Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, vinculada a Polar Ltd.

La mayoría de las compañías señaladas son de origen español y desarrollan actividades pesqueras en aguas próximas a las Islas Malvinas.

Según los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, las empresas habrían obtenido permisos de pesca emitidos por las autoridades de las islas y utilizado esas autorizaciones para explotar recursos del Atlántico Sur.

Qué sostiene la denuncia

El escrito judicial sostiene que las compañías estarían realizando una “explotación comercial ilícita de recursos pesqueros” mediante permisos que los denunciantes consideran ilegítimos.

En ese sentido, la presentación afirma que los buques involucrados estarían realizando la “captura masiva de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y plataforma continental argentina”.

Los abogados también calificaron las licencias británicas como “verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.

A partir de esa interpretación, solicitaron que se investigue si las operaciones pueden encuadrarse en distintas figuras previstas por el Código Aduanero.

La acusación por presunto contrabando

Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 y 865 inciso a del Código Aduanero, relacionados con la evasión de controles aduaneros y la exportación clandestina de mercadería.

La presentación sostiene que las empresas podrían estar evitando los controles argentinos y exportando recursos obtenidos de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.

La causa quedó radicada ante el juez Juan Pedro Galván Greenway, según informó el estudio que realizó la presentación.

El Gobierno analiza nuevas sanciones

La denuncia judicial se conoció mientras el Gobierno analiza nuevas medidas relacionadas con las actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas.

El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley destinado a reforzar su posición sobre la soberanía y estudia incorporar la actividad pesquera al esquema de sanciones que inicialmente contemplaba a empresas petroleras.

Argentina ya cuenta con herramientas legales para sancionar a compañías vinculadas con buques que pesquen sin autorización nacional en aguas que el país considera argentinas.

Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o permisos de captura deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que desarrollen pesca sin autorización argentina.

Qué puede pasar con las empresas

La legislación vigente contempla incluso la posibilidad de que se produzca la caducidad de permisos, cuotas y autorizaciones de captura si se comprueba una infracción.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar sobre las empresas denunciadas y establecer si las actividades descriptas en la presentación constituyen delitos.

En paralelo, el Gobierno evalúa si ampliará el alcance de las sanciones previstas en el proyecto que será enviado al Congreso, mientras la disputa por las actividades económicas en torno a las Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.