La respuesta del gobierno de Irán a las protestas masivas incluyó una ofensiva más amplia que va más allá de las detenciones. Autoridades judiciales y de seguridad avanzaron con la confiscación de bienes, el cierre de comercios y la persecución directa a quienes asistieron o apoyaron a los manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos estiman que decenas de miles de personas fueron arrestadas desde el inicio de las movilizaciones, acusadas de delitos vinculados al orden público y al terrorismo. Parte de los detenidos apareció en declaraciones televisadas que, según denunciaron activistas, habrían sido obtenidas bajo presión.

Detenciones y presión sobre el sistema de salud

La represión alcanzó al personal sanitario que brindó atención a heridos durante las protestas. Médicos y enfermeros fueron arrestados en sus domicilios o citados reiteradamente para identificar a pacientes atendidos en las jornadas de violencia.

Profesionales de la salud denunciaron un clima de vigilancia constante y temor a represalias, lo que afecta el normal funcionamiento de hospitales y clínicas, incluso en casos ajenos a las protestas.

Comercios cerrados y bienes bajo amenaza

Empresarios y comerciantes también quedaron bajo la mira del régimen. Algunos locales fueron clausurados tras manifestar apoyo a las protestas, mientras sus propietarios enfrentan procesos judiciales y posibles incautaciones de activos.

Desde el poder judicial advirtieron que los bienes de los detenidos podrían ser utilizados para resarcir daños ocasionados durante los disturbios, una medida que generó alarma en el sector privado.

Censura a medios y control social

La ofensiva incluyó el cierre de medios reformistas que informaban sobre la magnitud de las protestas y el número de víctimas. La clausura de periódicos y la falta de audiencias judiciales refuerzan las denuncias sobre restricciones a la libertad de prensa.

En paralelo, familiares de personas fallecidas denunciaron vigilancia, imposición de compromisos de silencio y límites a las ceremonias fúnebres, en un intento de evitar nuevas expresiones de protesta.

Resistencia y denuncias internacionales

A pesar del endurecimiento, continúan gestos de desafío. Referentes de la sociedad civil, artistas y activistas publicaron declaraciones públicas responsabilizando a la cúpula del poder por la represión, aunque varios firmantes fueron detenidos.

El gobierno reconoció oficialmente miles de muertes, mientras organizaciones sostienen que la cifra real sería mayor. La continuidad de las protestas y la reacción internacional marcarán los próximos pasos de un conflicto que sigue abierto y con impacto regional.

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