La Asamblea Nacional de Venezuela dio un primer paso hacia la aprobación de una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de personas detenidas por hechos vinculados a protestas y expresiones políticas. El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera lectura y ahora deberá atravesar una instancia de consultas públicas antes de su votación definitiva.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, contempla la anulación de causas penales, la restitución de bienes incautados, el levantamiento de medidas restrictivas y la posibilidad de regreso para quienes se exiliaron por razones políticas. El debate se da en un escenario de cambios políticos y señales de distensión institucional.

Un proyecto con apoyo unánime

El texto fue respaldado por los 277 diputados presentes en el recinto, según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El dirigente pidió acelerar el proceso legislativo y remarcó la necesidad de escuchar a familiares de detenidos, víctimas y distintos sectores sociales.

La ley no incluye un listado cerrado de beneficiarios. En cambio, establece criterios generales para alcanzar a personas de distintas filiaciones políticas, e incluso sin militancia, que hayan sido procesadas por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos.

Qué delitos abarca la amnistía

La propuesta prevé la amnistía de delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que se hayan producido en el marco de protestas entre 1999 y 2026. Entre los períodos mencionados figuran las movilizaciones de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Quedan excluidos los delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidios, corrupción y narcotráfico, así como hechos que hayan provocado muertes o lesiones severas.

El contexto político y social

La discusión parlamentaria se desarrolló en un clima inusual de consenso, tras la salida de Nicolás Maduro del poder y su detención por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero. En la sesión no se registraron cruces fuertes entre oficialismo y oposición.

Sectores opositores moderados acompañaron el proyecto y lo definieron como una oportunidad para avanzar en un proceso de reconciliación nacional, mientras reclamaron la liberación de los denominados presos políticos.

Liberaciones parciales y reclamos de ONG

El Gobierno sostiene que más de 600 personas ya fueron liberadas de manera gradual. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal afirman haber verificado 383 excarcelaciones y advierten que cerca de 700 personas continúan privadas de libertad, muchas de ellas con restricciones a la actividad política y la expresión pública.

Las ONG reclamaron que el texto completo de la ley sea difundido y advirtieron que su impacto real dependerá de la transparencia y del control ciudadano sobre su aplicación.

Los próximos pasos

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática deberá superar una etapa de consulta pública y una segunda votación en la Asamblea Nacional antes de su promulgación. El oficialismo busca avanzar con rapidez, mientras distintos sectores siguen de cerca el alcance efectivo de la norma en el nuevo escenario político venezolano.

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