La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,
anunció una propuesta de ley de amnistía general para presos políticos y el
cierre de la cárcel del Helicoide, uno de los centros de detención más
cuestionados del país. El anuncio se realizó en las últimas horas durante un
acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La iniciativa apunta a cubrir todo el período de violencia
política desde 1999 hasta la actualidad y forma parte de una agenda orientada a
la reconciliación nacional y a la normalización institucional.
Amnistía para presos políticos
Rodríguez explicó que la ley de amnistía busca “favorecer
la convivencia y la paz” y alcanzaría a personas detenidas por motivos
políticos durante los gobiernos del chavismo. Según cifras oficiales, más de
600 personas fueron liberadas en el último mes, aunque organizaciones de
derechos humanos estiman un número menor.
La mandataria pidió a los beneficiados evitar “la revancha
y el odio” y convocó a todos los sectores a respetar el proceso político en
curso. Aseguró, además, que la medida fue consensuada con Nicolás Maduro antes
de su captura.
Cierre del Helicoide y cambio de uso
En el mismo acto, Rodríguez confirmó el cierre definitivo
del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), señalado
por organismos internacionales como un centro de detención con denuncias de
torturas y violaciones a los derechos humanos.
El edificio será reconvertido en un espacio destinado a
servicios sociales y actividades deportivas para la comunidad, según detalló el
gobierno interino.
Contexto internacional y transición política
El anuncio se produce semanas después de que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara públicamente el cierre de centros de
detención cuestionados en Caracas, en el marco del acercamiento diplomático
entre ambos países.
Con estas medidas, el gobierno interino busca avanzar en
una etapa de transición política, fortalecer el sistema judicial y enviar
señales de apertura hacia la comunidad internacional.
La propuesta de amnistía deberá ahora ser debatida en las
instancias legislativas correspondientes, mientras continúan las negociaciones
políticas y diplomáticas para definir el futuro institucional de Venezuela.
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