Un tribunal de la ciudad turca de Kayseri resolvió que la repetición de “me gusta” y comentarios en redes sociales puede constituir una causal válida de divorcio, al entender que esas conductas digitales afectan la confianza y la lealtad dentro del matrimonio. La decisión, conocida esta semana, adquiere relevancia por ampliar el alcance jurídico de las obligaciones conyugales al ámbito virtual.

El caso se originó a partir de la demanda presentada por una mujer que denunció la conducta reiterada de su esposo en redes sociales, donde interactuaba con publicaciones de otras mujeres de manera constante y visible. El tribunal evaluó no solo la actividad digital, sino también el impacto público y sostenido de esas interacciones, en un contexto en el que el derecho de familia turco viene adaptándose a transformaciones tecnológicas y culturales que modificaron la forma de vincularse.

Hasta ahora, la jurisprudencia del país había considerado la infidelidad principalmente desde una dimensión física o explícita. Este fallo introduce un criterio distinto: las conductas virtuales, cuando son persistentes y generan humillación o daño emocional, pueden ser interpretadas como incumplimiento del deber de fidelidad.

La sentencia rechazó la contrademanda del esposo, que alegaba control excesivo por parte de su pareja, y consideró probada la existencia de abandono emocional. Como consecuencia, la Justicia ordenó el pago de una pensión mensual y una indemnización por daño moral, montos que subrayaron la gravedad atribuida a la conducta digital.

El fallo generó repercusiones inmediatas entre abogados, especialistas en derecho de familia y usuarios de redes sociales. Para algunos juristas, la resolución sienta un precedente que equipara la evidencia digital —capturas de pantalla y registros de actividad— a pruebas tradicionales en procesos de divorcio, lo que amplía el campo probatorio en litigios matrimoniales.

La decisión podría influir en otros tribunales de Turquía y en debates similares en distintos países, donde la frontera entre vida privada, exposición pública y obligaciones legales dentro del matrimonio sigue siendo objeto de revisión. A corto plazo, se espera un aumento de litigios que incorporen pruebas digitales y una mayor atención de los jueces sobre el uso de redes sociales en conflictos familiares. A mediano plazo, el caso plantea interrogantes sobre hasta dónde debe extenderse el control judicial sobre la vida digital y cómo equilibrar privacidad, libertad individual y compromisos conyugales en la era de las plataformas sociales.

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