El gobierno argentino confirmó la detención arbitraria de un cuarto ciudadano argentino en Venezuela. Se trata de Roberto Baldo, un trabajador del sector gastronómico con nacionalidad argentino-venezolana, privado de su libertad junto a su esposa, Monserrat Espinosa de Baldo, de nacionalidad española-venezolana. El caso reavivó el reclamo diplomático hacia el gobierno de Nicolás Maduro y volvió a poner en foco la situación de los presos políticos en el país caribeño.

La existencia del nuevo detenido fue revelada inicialmente por Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina y referente del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, y luego confirmada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Según la información disponible, el matrimonio fue detenido por fuerzas de seguridad venezolanas a fines de 2024 y desde entonces permanece alojado en dependencias carcelarias sin información oficial sobre su situación procesal. El episodio se inscribe en un contexto de denuncias reiteradas de organizaciones internacionales sobre detenciones sin debido proceso y restricciones a las garantías judiciales en Venezuela.

Con la confirmación del caso Baldo, asciende a cuatro el número de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela en los últimos meses. Hasta ahora, los casos más visibles eran los del gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba cruzar la frontera para visitar a su familia, y el del abogado penalista Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025. A ellos se sumó recientemente Yacoov Hari, un ciudadano argentino-israelí de 72 años, quien fue excarcelado en los últimos días. Bullrich advirtió que estos episodios evidencian un subregistro deliberado de presos políticos y sostuvo que la falta de información oficial dificulta la acción consular y diplomática. Los hechos afectan directamente a ciudadanos de Argentina, Venezuela, España e Israel, y generan tensiones en las relaciones internacionales de la región.

Desde el arco político argentino anticiparon que continuarán las gestiones ante organismos internacionales y canales diplomáticos para exigir la liberación de los detenidos. La evolución del caso dependerá de la respuesta del gobierno venezolano y de la presión externa que puedan ejercer países y foros multilaterales. Mientras tanto, familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen los reclamos públicos, a la espera de avances concretos que permitan esclarecer la situación legal de los ciudadanos aún privados de su libertad en Venezuela.

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