El Gobierno nacional resolvió extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el sindicato de controladores aéreos ATEPSA, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y evitar medidas de fuerza que impacten en el sistema de vuelos comerciales. La prórroga rige hasta el 26 de enero a las 8 de la mañana y mantiene suspendidos paros o acciones gremiales.

La disputa se inscribe en un escenario de negociaciones tensas por recomposición salarial y condiciones laborales en un sector considerado esencial por la legislación argentina. Los controladores aéreos cumplen una función crítica para la seguridad y regularidad del transporte aéreo, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos sobre aerolíneas, aeropuertos y pasajeros. La conciliación obligatoria había sido dictada previamente para desactivar un conflicto que amenazaba con afectar la temporada alta de verano.

La extensión de la medida evita, al menos de manera transitoria, la paralización parcial o total de las operaciones aéreas en el país. Esto beneficia a miles de pasajeros y a las empresas del sector turístico y aerocomercial, que dependen de la previsibilidad operativa. Al mismo tiempo, limita la capacidad de presión sindical durante el período de conciliación, en el que ATEPSA no puede adoptar medidas de fuerza. Desde EANA señalaron su disposición al diálogo y advirtieron que un conflicto prolongado tendría costos económicos y operativos relevantes.

La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el viernes 23 de enero, con el objetivo de acercar posiciones y evitar una escalada del conflicto una vez vencida la prórroga. Si no se alcanza un acuerdo, el escenario posterior podría reabrir la posibilidad de medidas gremiales, aunque bajo las restricciones que impone la ley para los servicios esenciales, que exige avisos previos y límites al impacto sobre las operaciones. En el corto plazo, el desenlace dependerá de la capacidad de las partes para acordar una actualización salarial que cierre la brecha entre las demandas del gremio y la oferta oficial.

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