Dos pilotos de helicóptero declararon ante la Justicia que realizaron al menos 60 vuelos a una quinta ubicada en Pilar, investigada por presuntos vínculos con testaferros de dirigentes de la AFA, pero afirmaron no recordar a los pasajeros transportados ni haber registrado sus identidades. La causa, a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, avanza con nuevas medidas probatorias mientras se define qué juzgado continuará con la investigación.

El expediente se centra en una propiedad situada en Villa Rosa, Pilar, perteneciente a la sociedad Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, imputados como presuntos testaferros. La quinta cuenta con helipuerto propio y figura como uno de los puntos relevantes de una investigación más amplia que analiza posibles maniobras de defraudación vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. La operatoria aérea fue reportada al juzgado por un organismo oficial, aunque durante un allanamiento no se halló el libro obligatorio del helipuerto donde deberían constar los movimientos y pasajeros.

Los pilotos comparecieron como testigos bajo juramento y coincidieron en que transportaron personas, pero señalaron no llevar registros ni poder reconocer a eventuales integrantes del comité ejecutivo de la AFA. Uno de ellos sostuvo que los vuelos fueron de entrenamiento y el otro incurrió en contradicciones al explicar la ausencia de datos sobre pasajeros. Tras esas declaraciones, el juez Aguinsky ordenó a la empresa FLYZAR S.A. que informe de manera urgente quiénes contrataron los vuelos, cómo se efectuaron los pagos, qué cobertura de seguros tenía la aeronave y si existían obligaciones legales de identificación de pasajeros. Estas medidas buscan reconstruir la trazabilidad de los viajes y determinar responsabilidades.

En paralelo, el avance de la causa se ve atravesado por un conflicto de competencia. La defensa de Pantano solicitó que el expediente pase al juzgado federal de Campana, con jurisdicción en Pilar. Ese planteo fue aceptado por el juez Adrián González Charvay, pero rechazado por Aguinsky, quien considera que el núcleo de la investigación está en la AFA, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal general de San Martín, Alberto Gentili, pidió esperar hasta febrero, una vez finalizada la feria judicial, para resolver qué juzgado continuará con la causa, a fin de evaluar el estado actual del proceso y las pruebas en curso. Mientras tanto, el juez Aguinsky sigue impulsando medidas, entre ellas la citación de un contador que certificó el origen de fondos para la compra de un vehículo de alta gama, documentación cuya autenticidad está bajo análisis. La definición sobre la competencia será clave para el ritmo y el alcance de una investigación que continúa abierta y con nuevas líneas de indagación.

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