La Justicia imputó por lesiones culposas al padre de Bastián, el niño de 8 años que permanece en estado crítico tras un choque ocurrido en La Frontera, Pinamar. La causa también alcanza a los conductores de una camioneta Amarok y de un UTV involucrados en el siniestro, mientras se desarrollan peritajes técnicos para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades penales.

El accidente se produjo en una zona de circulación frecuente de vehículos recreativos y 4x4, un escenario que en cada temporada estival vuelve a concentrar la atención de autoridades y fuerzas de seguridad. Según la imputación, el padre del menor habría tenido responsabilidad en la falta de uso del cinturón de seguridad, un punto central para la investigación. Las actuaciones judiciales se enmarcan en un debate recurrente sobre controles, normas de seguridad y convivencia entre distintos tipos de vehículos en áreas turísticas de alto tránsito.

Las imputaciones fueron notificadas mientras ambos vehículos permanecen secuestrados para peritajes. La defensa del padre del niño fue asumida por el abogado Matías Morla, quien se presentará en el expediente en las próximas horas, mientras que la querella de parte de la familia será patrocinada por Guillermo Smith.

En paralelo, la salud de Bastián sigue siendo el eje principal del caso. El niño fue trasladado a Mar del Plata, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los equipos médicos confirmaron múltiples fracturas de cráneo y la colocación de una válvula para monitorear la presión intracraneal, además de sucesivas intervenciones quirúrgicas. La situación generó una fuerte conmoción pública y reavivó el debate sobre la seguridad vial en zonas turísticas.

En las próximas semanas, los resultados de los peritajes serán determinantes para definir el curso de la causa y el eventual avance hacia una instancia de mayor complejidad judicial. La investigación deberá establecer la dinámica del choque y el grado de responsabilidad de cada imputado. En paralelo, el estado de salud del niño condiciona los tiempos y la sensibilidad del proceso, mientras las autoridades locales y judiciales enfrentan una nueva presión para reforzar controles y regulaciones en áreas de alto riesgo durante la temporada de verano.

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